Incertidumbre pensional: Asofondos alerta sobre riesgo financiero ante posible anulación de la reforma

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) ha enviado una advertencia a la Corte Constitucional sobre las graves consecuencias fiscales y para el mercado de valores que podría acarrear una anulación de la reforma pensional, mientras persisten denuncias de irregularidades en el acceso a beneficios para otros grupos vulnerables.

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) ha solicitado a la Corte Constitucional que module los efectos de un eventual fallo de inexequibilidad sobre la reforma pensional, contenida en la Ley 2381 de 2024. La preocupación del gremio se centra en el impacto financiero que generaría la anulación de la norma, especialmente en lo que respecta a los traslados de régimen que ya se han efectuado. El artículo 76 de dicha ley habilitó una ventana para que los afiliados pudieran cambiarse de régimen pensional. Como resultado, hasta el 20 de octubre de 2025, un total de 110.035 personas se trasladaron desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones, mientras que 3.643 hicieron el movimiento contrario. Según Asofondos, si la Corte tumba la reforma, se tendría que realizar una transferencia inmediata de aproximadamente 25 billones de pesos a Colpensiones, lo que generaría un fuerte impacto fiscal y en el mercado de valores. El gremio advierte que una liquidación masiva de Títulos de Deuda Pública (TES), en los que está invertido cerca del 71 % de esos recursos, provocaría una caída en sus precios y un aumento en las tasas de interés, encareciendo el financiamiento del Gobierno y afectando el valor de los ahorros de los demás afiliados. Aunque el traslado de los 25 billones podría significar un alivio fiscal inmediato, Asofondos sostiene que comprometería la sostenibilidad futura del sistema. Por esta razón, la propuesta del gremio es que, en caso de anularse la ley, el giro de los recursos de los afiliados que se trasladaron se realice de manera progresiva, a medida que cada persona se vaya pensionando en Colpensiones. Esta medida, de carácter temporal, permitiría al Gobierno expedir una nueva norma que defina técnica y legalmente el mecanismo de traslado, protegiendo así el ahorro pensional y la estabilidad financiera. Paralelamente, en el departamento de Córdoba, madres comunitarias denuncian presuntos cobros irregulares y demoras por parte de fundaciones operadoras para acceder al bono pensional, un beneficio para quienes sirvieron al menos 10 años y no lograron una pensión. Las afectadas solicitan la intervención de los organismos de control para investigar estas prácticas.