Tensiones y Transformación: El Sector Energético Colombiano entre Políticas de Transición y Disputas de Mercado

El Gobierno colombiano avanza en su agenda de Transición Energética Justa, asegurando recursos para proyectos comunitarios, mientras una nueva regulación para controlar los precios de la energía genera un fuerte enfrentamiento con las empresas generadoras y dudas sobre la estabilidad del sistema.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha garantizado la continuidad del programa Comunidades Energéticas mediante la aprobación de vigencias futuras para los años 2025 y 2026. Esta iniciativa, pilar de la política Colombia Solar y de la Transición Energética Justa, busca democratizar el acceso a la energía limpia en territorios históricamente olvidados. Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, esta acción asegura que la transición no se detenga y continúe llevando energía a veredas, escuelas y centros de salud. Durante el proceso de postulación en 2024, más de 18.000 comunidades mostraron interés en el programa. De los 686 proyectos presentados por 25 operadores, se priorizó una inversión de $935 mil millones para beneficiar a cerca de 34.000 familias en regiones como La Guajira, Chocó, Nariño y Catatumbo. Adicionalmente, el Ministerio destinó $27 mil millones para la estructuración de 183 nuevos proyectos en colaboración con universidades públicas, con el fin de fortalecer la capacidad técnica y expandir el programa hacia 2026. Paralelamente, el sector energético enfrenta una nueva puja entre el Gobierno y las empresas generadoras a raíz de un decreto que busca reducir las tarifas para los usuarios. La medida obliga a las hidroeléctricas, que producen cerca del 70% de la energía del país, a vender un mínimo del 95% de su generación a través de contratos a largo plazo, limitando su participación en el mercado de bolsa (mercado spot). El Gobierno argumenta que esta acción es necesaria para frenar la especulación de precios que, según el ministro Palma, ha llegado a picos de $2.200 por kilovatio/hora en bolsa, frente a un promedio de $310 en el mercado regulado. La asociación de generadores, Acolgen, ha calificado el decreto como una “intervención desproporcionada” que desincentiva la inversión en nuevos proyectos, necesarios para cubrir la demanda y evitar un futuro apagón, una preocupación que se suma a las advertencias de la Contraloría sobre el riesgo de racionamiento. Expertos y el exministro Amylkar Acosta consideran la medida “impracticable y contraproducente”, pues podría obligar a los generadores a comprar energía más cara para cumplir sus contratos.

A pesar de las críticas, el Ministerio de Minas se mantiene firme, esperando que la medida, junto con otros proyectos de ley, logre una reducción de entre el 8% y el 12% en las facturas de los usuarios.