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Sanciones propuestas a la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha radicado una ponencia que concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 violó los topes electorales y utilizó fuentes de financiación prohibidas, proponiendo millonarias sanciones contra sus directivos y los partidos que la avalaron.
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Una ponencia radicada en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 incurrió en dos irregularidades principales: superación de los topes de gastos y financiación con fuentes prohibidas. Según la investigación, que duró más de dos años, la campaña excedió los límites de gasto en más de 3.042 millones de pesos y recibió financiación prohibida por más de 2.108 millones de pesos, sumando la primera y segunda vuelta. Como resultado de estos hallazgos, el documento propone imponer sanciones económicas significativas. Se plantea una multa solidaria de aproximadamente 5.900 millones de pesos para los directivos de la campaña: Ricardo Roa, quien fue el gerente y es el actual presidente de Ecopetrol; Lucy Aydee Mogollón, la tesorera; y María Lucy Soto, la auditora interna. Adicionalmente, se proponen sanciones para los partidos políticos que respaldaron la candidatura, Colombia Humana y Unión Patriótica, con multas que se acercan a los 1.200 millones de pesos para cada colectividad. La ponencia no establece responsabilidad directa para el presidente Gustavo Petro, ya que debido a su fuero presidencial, cualquier investigación en su contra es competencia exclusiva de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sin embargo, el CNE compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de delitos penales.

El exmagistrado Jaime Arrubla señaló que esto podría derivar en investigaciones por falsedad en documentos públicos.

Por su parte, la defensa de la campaña, representada por Ulises Durán, abogado de Colombia Humana, argumenta que la facultad sancionatoria del CNE ya caducó, al haber transcurrido más de tres años desde la primera vuelta electoral. Durán calificó la ponencia como una acción con “finalidad política”. La decisión final recaerá sobre la Sala Plena del CNE, que deberá debatir y votar la propuesta, requiriendo una mayoría de seis votos para su aprobación.

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