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La reforma tributaria del gobierno Petro: entre la necesidad fiscal y el debate político

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado una ambiciosa reforma tributaria que busca recaudar 26,3 billones de pesos para el presupuesto de 2026. La propuesta ha desatado un intenso debate en el Congreso y la opinión pública, enfrentando argumentos sobre la sostenibilidad fiscal con críticas por su posible impacto en la clase media y la economía del país.
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El Gobierno Nacional radicó en el Congreso un proyecto de reforma tributaria con el que pretende recaudar 26,3 billones de pesos para cubrir el faltante presupuestal de 2026. La iniciativa contempla un aumento de impuestos en varios frentes, incluyendo un incremento del IVA del 8 % al 19 % para motocicletas con cilindraje superior a 200 c.c., lo que elevaría significativamente su precio final. Asimismo, propone un aumento progresivo en los precios de los combustibles, tanto gasolina como diésel, y un alza en el IVA y el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, que podría incrementar el costo del aguardiente en cerca de un 45 %. La propuesta también incluye un nuevo impuesto del 19 % para boletas de espectáculos públicos que superen un valor determinado.

Desde el oficialismo, el exministro Andrés Camacho defiende la reforma como una medida necesaria para la transición energética.

Sostiene que gravar los combustibles fósiles desincentiva su uso y promueve la adopción de vehículos eléctricos, cuyo crecimiento en ventas ha sido notable.

Aunque reconoce que se debe tener cuidado con el impacto en el transporte de carga y alimentos, considera que el efecto general puede ser positivo para el país. El gobierno insiste en que la carga tributaria recaerá principalmente sobre las personas de mayores ingresos.

Sin embargo, la propuesta ha generado un fuerte rechazo desde diversos sectores políticos y económicos.

Senadores de partidos como el Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical y Partido de la U, e incluso el exministro de Hacienda del mismo gobierno, José Antonio Ocampo, han manifestado su oposición.

Los críticos argumentan que la reforma es regresiva, afectará a la clase media y a la población vulnerable, y tendrá un efecto inflacionario. Ocampo condicionó su apoyo a un recorte previo del gasto público y alertó sobre la falta de acciones contra la evasión fiscal. Otros congresistas señalan que el aumento de impuestos a productos de consumo masivo contradice la narrativa de que solo se gravará a los más ricos. El trámite de la reforma en el Congreso se anticipa complejo. El análisis de las fuerzas políticas muestra un escenario dividido: mientras las comisiones económicas del Senado presentan una mayoría hostil al proyecto, la Cámara de Representantes parece más favorable al Gobierno. Esta fragmentación obligará al Ejecutivo a una intensa negociación en un contexto preelectoral, donde los congresistas son reacios a asumir el costo político de aprobar nuevos impuestos.

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