El segundo cabecilla del Clan del Golfo alias Gonzalito murió en un accidente fluvial en Córdoba



La muerte de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias ‘Gonzalito’ y considerado el segundo cabecilla del Clan del Golfo, fue confirmada el domingo 1 de febrero de 2026. El deceso ocurrió por ahogamiento después de que la lancha en la que se movilizaba junto a su esquema de seguridad se volcara en el río Esmeraldas, en una zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba. Según diversas fuentes, incluido el equipo negociador del grupo armado y el coordinador del Gobierno, Álvaro Jiménez, Sánchez se dirigía a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para participar en actividades relacionadas con el proceso de diálogo con el Estado colombiano. El presidente Gustavo Petro confirmó el suceso a través de sus redes sociales y ordenó a la Brigada 11 del Ejército Nacional recoger el cadáver, el cual sería entregado por comunidades indígenas a una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA). La muerte de ‘Gonzalito’ representa un golpe significativo para la cúpula de la organización, que lidera Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’. Nacido en Montería, Córdoba, en 1974, ‘Gonzalito’ tenía un extenso historial delictivo que se remonta a su ingreso a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1996. Tras su desmovilización del Bloque Catatumbo, se integró al Clan del Golfo, donde ascendió hasta convertirse en una figura clave tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.
Comandaba el bloque Roberto Vargas Gutiérrez, con control sobre operaciones de narcotráfico, extorsión y homicidios en Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.
Por información que llevara a su captura, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. Sobre Sánchez pesaban múltiples órdenes de captura por el homicidio de líderes sociales, un firmante del Acuerdo de Paz y un líder indígena. Además, enfrentaba una solicitud de extradición de la Corte Distrital del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, por delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, la cual fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en julio de 2025. Se le acusaba de coordinar envíos de cocaína a Centroamérica con destino final a Estados Unidos desde aproximadamente 2006.












