Bogotá frente al vandalismo: cifras alarmantes impulsan propuestas de control estricto

El vandalismo durante las protestas en Bogotá ha escalado a un punto crítico, dejando un rastro de heridos y una afectación masiva al transporte público. Esta situación ha impulsado la presentación de un proyecto de acuerdo en el Concejo que busca endurecer las medidas de control y sanción contra los responsables.

Según cifras reveladas por el concejal del Centro Democrático, Julián Uscátegui, en lo corrido de 2025 se han registrado 1.559 movilizaciones en la capital, de las cuales 72 derivaron en actos vandálicos que requirieron la intervención de la fuerza pública. Estos hechos dejaron un saldo de 101 personas lesionadas, con la particularidad de que el 70 % de los heridos (71 personas) no eran manifestantes, sino ciudadanos, transeúntes, contratistas o funcionarios del Distrito. El sistema de transporte público ha sido uno de los más golpeados por esta ola de violencia. Solo en 2025, un total de 1.510 buses y 10 estaciones del Sistema Integrado de Transporte fueron vandalizados, lo que representa la cifra más alta del periodo reciente y ha supuesto costos de reparación superiores a los 102 millones de pesos. Los informes señalan que entre 2021 y 2025, las localidades con mayor número de afectaciones fueron Teusaquillo, Kennedy, Santa Fe, Chapinero y Suba.

Ante este panorama, que el cabildante calificó como una “falla estructural de seguridad y control”, se radicó un proyecto de acuerdo que busca establecer lineamientos para la prevención y sanción del vandalismo. Entre las medidas propuestas se incluye la posibilidad de restringir el acceso a eventos masivos como conciertos o partidos de fútbol a personas con antecedentes comprobados de vandalismo. Adicionalmente, la iniciativa plantea el uso de cámaras corporales para el Equipo de Diálogo y Convivencia, la creación de un Registro Público de Actos Vandálicos y el fortalecimiento de la coordinación entre la Secretaría Jurídica y la Fiscalía General de la Nación para asegurar la judicialización y reparación de los daños.