
El resurgimiento del debate sobre el fracking en Colombia



La fracturación hidráulica, o fracking, una técnica para extraer petróleo y gas de yacimientos no convencionales inyectando agua y arena a alta presión, vuelve a ser un tema central en la política colombiana. A pesar de que en 2018 la mayoría de los candidatos, incluido Iván Duque, se oponían por su posible daño ambiental, la creciente crisis fiscal y el aumento en los precios del gas para los consumidores han llevado a que candidatos de derecha y centro la consideren nuevamente como una opción viable. El recorrido del fracking en Colombia inició en 2013 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Posteriormente, durante la presidencia de Duque, se impulsaron dos proyectos piloto de investigación (Kalé y Platero en Santander) tras la recomendación de una comisión de expertos. Sin embargo, estos proyectos quedaron congelados con la llegada al poder de Gustavo Petro en 2022, cuyo gobierno, aunque no logró prohibir la técnica por ley, desincentivó la inversión.
Actualmente, las empresas internacionales como ExxonMobil y ConocoPhillips, que tenían interés en estos proyectos, ya han abandonado el país. Irónicamente, la petrolera estatal Ecopetrol utiliza el fracking en sus operaciones en Estados Unidos, representando el 15 % de su producción total. El cambio en el panorama político es notable.
Candidatos de derecha como Mauricio Cárdenas y María Fernanda Cabal apoyan abiertamente un “fracking responsable”.
La novedad es el cambio de postura en figuras del centro político; Sergio Fajardo, quien antes se oponía, ahora se muestra más abierto a estudiarlo, mientras que Claudia López ha declarado explícitamente su apoyo a reactivar los pilotos para mitigar el alto costo del gas, argumentando mejoras tecnológicas para reducir su impacto. Este giro se atribuye a que la escasez y el costo del gas ya afectan directamente a los hogares colombianos, que importan cerca del 18 % del gas que consumen.
No obstante, la oposición se mantiene firme. Sectores de la izquierda y movimientos ambientalistas, como la Alianza Libre de Fracking, sostienen que los costos ambientales son inaceptables y retrasan la transición energética. Expertos como la exviceministra Sandra Vilardy advierten que la explotación de estos yacimientos podría multiplicar por nueve las emisiones anuales de CO2 del país. Incluso dentro de la izquierda existen fracturas, como la manifestada por el presidente del sindicato de Ecopetrol (USO), quien se mostró a favor de la técnica, contradiciendo la postura oficial de la organización.
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