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Pacto Territorial por la Vida y la Paz en Nariño

El presidente Gustavo Petro lideró en Tumaco la firma del 'Pacto Territorial por la Vida y la Paz', un acuerdo que compromete una inversión superior a los 12 billones de pesos para transformar el departamento de Nariño. La iniciativa busca consolidar y acelerar proyectos clave, aunque parte de la financiación ya estaba asignada en gestiones anteriores.
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El 6 de octubre, el presidente Gustavo Petro firmó en Tumaco el 'Pacto Territorial por la Vida y la Paz', también conocido como 'Pacto Nariño', un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Nariño. Con una inversión histórica cercana a los 12,2 billones de pesos, esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el desarrollo social y económico integral del departamento.

El pacto busca consolidar la ejecución de proyectos estratégicos y garantizar su transparencia. Aunque se ha señalado que entre un 60 % y un 70 % de los proyectos incluidos ya contaban con financiación o compromisos de recursos previos, el acuerdo se enfoca en acelerar su puesta en marcha y realizar un seguimiento riguroso para evitar retrasos y sobrecostos. Los fondos se distribuyen en 100 proyectos ya financiados por más de 1,2 billones de pesos, 72 proyectos con vigencias futuras que superan los 8,5 billones y 83 proyectos en gestión por más de 2,2 billones.

Las áreas de inversión son diversas e incluyen infraestructura vial, con obras como la doble calzada Catambuco-Pasto y la rehabilitación de las vías Sandoná-Linares y Samaniego-Túquerres. En agua potable y saneamiento básico, se destacan la optimización del acueducto de Samaniego y una solución para Tumaco. El sector educativo se beneficiará con la creación de multicampus de educación superior en Barbacoas y El Charco, y la ampliación de la sede de la Universidad de Nariño en Tumaco. Además, se contemplan mejoras en salud con la recuperación del Hospital El Charco y nueva infraestructura en Llorente, junto con el fomento al desarrollo productivo. A pesar de las expectativas positivas, el pacto enfrenta desafíos significativos, como asegurar que los compromisos se traduzcan en ejecuciones con cronogramas definidos, mantener la transparencia en la gestión de los recursos, especialmente en zonas rurales, y lograr una coordinación interinstitucional efectiva para que los proyectos tengan un impacto real en el territorio.

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