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ONU alerta sobre crisis humanitaria por violencia de grupos armados en Colombia

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha emitido una severa advertencia sobre la escalada de violencia y las graves violaciones perpetradas por grupos armados en varias regiones de Colombia, donde la escasa presencia estatal deja a las comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema.

Tras una visita de cuatro días a los departamentos de Huila y Caquetá, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU, Scott Campbell, constató el clima de miedo y el sufrimiento de las comunidades rurales. Según el funcionario, los liderazgos sociales se encuentran acorralados, enfrentando amenazas, homicidios, extorsiones y restricciones a su libertad de opinión y movimiento.

La desconfianza para denunciar ante las autoridades agrava la situación.

En lo que va de 2025, la ONU ha verificado el homicidio de cinco defensores de derechos humanos en estos dos departamentos: tres en Huila y dos en Caquetá. Uno de los fenómenos más alarmantes es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Testimonios recogidos por la ONU indican que los grupos armados se acercan a los colegios para identificar a los jóvenes más vulnerables y se los llevan bajo amenaza, llegando a afirmar que “a partir de los 15 años los niños y niñas son de ellos”. Debido al temor de los familiares, existe un subregistro de estos casos.

La ONU también documentó un incidente en La Plata (Huila), donde un grupo armado obligó a cerca de mil personas a concentrarse para exigir la retirada del Ejército, evidenciando el control que ejercen sobre la población civil.

Esta crisis humanitaria no se limita a Huila y Caquetá.

En el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, los enfrentamientos entre la Armada Nacional y las disidencias de las Farc han provocado el confinamiento de más de 300 familias.

Estas comunidades, que ya habían sufrido un desplazamiento previo, ahora enfrentan restricciones de movilidad que les impiden acceder a alimentos y medicinas.

La violencia también ha forzado la suspensión de clases, afectando principalmente a niños, mujeres y adultos mayores. Ante este panorama, la ONU instó al Estado colombiano a reforzar la protección de la población civil y a no estigmatizarla. Asimismo, urgió a los grupos armados no estatales a liberar a todos los menores de 18 años en su poder y a respetar a la población civil.

Organizaciones sociales se sumaron al llamado, exigiendo la creación de corredores humanitarios y una inversión social sostenida como solución a largo plazo, más allá de la respuesta militar.