El gobierno de Colombia decreta el aumento del salario mínimo para 2026 en medio de un amplio debate económico

El Gobierno Nacional ha fijado el nuevo salario mínimo en Colombia para 2026, una medida que, si bien busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, ha generado un intenso debate sobre sus posibles repercusiones en la inflación, el empleo formal y la sostenibilidad empresarial.

El gobierno del presidente Gustavo Petro estableció que a partir de enero de 2026 el salario mínimo en Colombia será de $1.750.905, que sumado a un auxilio de transporte de $249.095, alcanzará un total de $2.000.000 mensuales. Este incremento, cercano al 23 %, es presentado por el Ejecutivo como el más importante en términos reales que ha tenido el país, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los hogares y beneficiar a cerca de 2,4 millones de trabajadores formales. La medida ha sido recibida positivamente por las centrales obreras y sindicatos, que la consideran un avance necesario para enfrentar el alto costo de vida y la inflación. Para este sector, el ajuste no solo impacta el ingreso mensual, sino también las prestaciones sociales, lo que representa un alivio para la economía de las familias. No obstante, el decreto ya enfrenta una demanda judicial, cuya resolución se espera para después de mediados de enero.

Desde el sector empresarial y diversos analistas económicos, el aumento ha suscitado una notable preocupación.

Gremios como la ANDI advierten que un incremento de esta magnitud, sin estar respaldado por un crecimiento proporcional en la productividad nacional, podría presionar los costos de producción, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Esto podría traducirse en un aumento de precios al consumidor, una reducción en la contratación formal o un incentivo a la informalidad laboral, que ya afecta a más de la mitad de la población ocupada (55,4 %).

Este sector informal no se beneficia del aumento, pero sí sufre sus consecuencias inflacionarias. Entre los efectos adversos señalados se encuentra la desvalorización del trabajo profesional, ya que la brecha salarial con los trabajadores no calificados se reduce.

También se prevé un impacto en el costo de la Vivienda de Interés Social (VIS), indexada al salario mínimo, y una presión fiscal adicional para Colpensiones, que deberá desembolsar cerca de $6,7 billones adicionales para cubrir sus obligaciones pensionales. El debate se centra en la dificultad de equilibrar un ingreso digno con la sostenibilidad económica y la generación de empleo formal.