Retos Ambientales en Colombia: Conciencia Creciente, Acciones Desiguales

Colombia enfrenta una compleja dualidad ambiental: mientras la conciencia ciudadana y los esfuerzos institucionales por proteger su vasta biodiversidad aumentan, persisten graves amenazas y una notable brecha entre la planificación y la ejecución de soluciones efectivas.

Diversas regiones de Colombia evidencian un creciente interés por la protección ambiental, aunque los desafíos y las respuestas institucionales varían significativamente.

En el Huila, por ejemplo, se han registrado más de 17.000 denuncias ambientales en los últimos cinco años, lo que demuestra una mayor conciencia ciudadana. Las principales infracciones reportadas son la tala ilegal de árboles (42 %), la captación irregular de agua (32 %) y la tenencia ilegal de fauna silvestre (13 %), con una mayor concentración de denuncias en el sur del departamento. Esta riqueza natural enfrenta amenazas constantes en otras zonas como el Cauca, uno de los territorios con mayor biodiversidad del país, donde la deforestación, la minería y la expansión agrícola descontrolada ponen en riesgo sus ecosistemas. Incluso prácticas estacionales como el uso de pólvora en diciembre generan un impacto negativo en la fauna, una problemática que en lugares como el Parque de la Conservación en Medellín se mitiga con estrategias de enriquecimiento ambiental para reducir el estrés de los animales. A nivel local, se adelantan iniciativas como el mantenimiento de zonas verdes en Pasto para mejorar la calidad del aire y proteger el suelo.

En respuesta a estas presiones, se están fortaleciendo las capacidades institucionales.

Parques Nacionales Naturales inauguró una nueva sede regional en Pasto para optimizar la conservación en Nariño, facilitando la articulación con comunidades locales e indígenas. Adicionalmente, se lanzó el proyecto GEF BioSur, una colaboración entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales, que busca recuperar la conectividad ecológica en el corredor Pacífico–Andino–Amazónico y beneficiará a cerca de 13.000 personas en Nariño y el Alto Putumayo. Sin embargo, el caso de La Mojana expone una grave falla en la capacidad de ejecución del Estado. A pesar de ser una región de vital importancia hídrica y de contar con diagnósticos claros, consenso técnico, un CONPES (4076) aprobado y recursos asignados por $1,23 billones para restaurar su funcionalidad hídrica, la intervención no ha comenzado. Esta parálisis administrativa, centrada en Bogotá, ha impedido la rehabilitación de caños y humedales, agravando el deterioro ecológico y social. La situación de La Mojana demuestra que el mayor obstáculo no es la falta de planes o recursos, sino la incapacidad de ejecutar las políticas ya decididas.