Vigilancia Reforzada: Colombia Intensifica Auditorías en el Sector Salud y la Contratación Estatal

Entidades de control en Colombia han intensificado su vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos, iniciando una auditoría histórica en Nueva EPS por presuntas irregularidades y alertando sobre un inusual aumento en la contratación estatal previo al periodo electoral de 2026.

En respuesta a denuncias sobre irregularidades y un llamado del Presidente de la República, el equipo interventor de Nueva EPS ha iniciado un proceso de auditoría sin precedentes sobre 14,5 millones de cuentas médicas, valoradas en más de $15 billones de pesos. Liderada por la agente especial Gloria Libia Polanía Aguillón, esta revisión masiva busca aclarar el desorden contable y financiero de la entidad, causado en parte por el presunto ocultamiento de facturas por parte de exdirectivos.

Tres firmas especializadas (American KPO, ACS Aciel Colombia Soluciones Integrales S.A.S.

y Sosalud S.A.S.)

fueron contratadas para ejecutar la auditoría, con el objetivo de sanear la contabilidad y determinar la situación financiera real de la EPS.

Este proceso es adicional a una auditoría forense ya en curso para el periodo 2019-2025.

Se espera que los primeros resultados de la depuración de facturas se conozcan en febrero de 2026. Paralelamente, la Contraloría General de la República ha reforzado la vigilancia sobre la contratación pública ante las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Mediante un Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, el ente de control alertó sobre un aumento inusual en los contratos y convenios interadministrativos durante los meses previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales. Específicamente, se detectaron picos de contratación por $4,0 billones en septiembre y $3,5 billones en octubre de 2025, cifras considerablemente superiores al promedio mensual que osciló entre $1,9 y $2,8 billones.

El objetivo de la Contraloría es prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines electorales. Su modelo integra bases de datos como SECOP I y II para monitorear de forma continua la contratación, la nómina estatal y la ejecución presupuestal. Desde el 8 de noviembre de 2025, la vigilancia se centra en evitar la celebración de convenios interadministrativos. Además, a partir del 31 de enero de 2026, se iniciará el control sobre la contratación directa. La estrategia no busca sancionar, sino emitir alertas tempranas para proteger la equidad democrática y la confianza ciudadana, para lo cual ha habilitado diversos canales de denuncia. Ambas acciones demuestran un esfuerzo coordinado por parte de las instituciones para aumentar la transparencia y el control sobre los fondos públicos. Mientras Nueva EPS busca "desmontar años de opacidad y desorden" para garantizar la sostenibilidad de la atención a sus afiliados, la Contraloría consolida su rol como garante de la correcta administración estatal durante el sensible periodo electoral, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas.