
Estado de las reformas pensional y de salud del gobierno Petro

La reforma a la salud atraviesa una de sus etapas más críticas en el Congreso, donde su trámite se encuentra estancado en la Comisión Séptima del Senado. Actualmente, ninguna de las tres ponencias radicadas —la oficialista, una alternativa y la que pide su archivo— cuenta con los votos necesarios para ser aprobada, lo que ha generado un limbo legislativo. El debate ha sido aplazado en varias ocasiones, y aunque el Gobierno denuncia maniobras dilatorias, el presidente de la comisión, Miguel Ángel Pinto, lo niega, asegurando que se han realizado audiencias públicas y mesas técnicas durante cinco meses. La discusión se ha politizado intensamente tras las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien criticó a la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), ponente de la propuesta alternativa. Jaramillo sugirió que Hurtado debía seguir los lineamientos de Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle y exdirectora de dicho partido, con quien el Gobierno afirma haber pactado acuerdos. Tanto Hurtado como Toro rechazaron las afirmaciones, defendiendo la autonomía legislativa de la senadora y aclarando que Toro, desde su cargo como gobernadora, no incide en las decisiones del Congreso. El presidente Gustavo Petro se sumó a la controversia, acusando a Toro de incumplir un acuerdo y a la ponencia alternativa de “encubrir el robo” en el sistema de salud. Paralelamente, la reforma pensional enfrenta su propio momento decisivo en la Corte Constitucional. El tribunal debe determinar si la Cámara de Representantes subsanó correctamente un vicio de procedimiento en su aprobación inicial. La discusión interna de la Corte se centra en detalles “microscópicos”, como el quórum presente durante los anuncios de las sesiones y la forma en que se aprobaron las actas.
Existe una división entre los magistrados, aunque un sondeo interno sugiere una estrecha mayoría a favor de declarar constitucional el trámite. El proceso ha estado marcado por la tensión entre el Gobierno y el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, a quien el Ejecutivo acusa de buscar pretextos para tumbar la reforma mediante la solicitud de numerosas pruebas adicionales.
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