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Juicio disciplinario contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito

La Procuraduría General de la Nación ha llamado a juicio disciplinario a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por un presunto incremento patrimonial injustificado durante su gestión como diputado del Atlántico en 2022.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos y abrió un juicio disciplinario contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, por un presunto enriquecimiento ilícito. La investigación se centra en un incremento patrimonial no justificado de más de 1.189 millones de pesos durante el año 2022. Según el Ministerio Público, los gastos de Petro Burgos en ese período superaron los 1.409 millones de pesos, mientras que sus ingresos oficiales como diputado apenas ascendieron a poco más de 219 millones. El ente de control sostiene que Petro Burgos habría recibido ingresos de fuentes distintas a su actividad en la Asamblea Departamental. Las denuncias, iniciadas en 2023 por su exesposa Dayssuris del Carmen Vásquez Castro, señalan que el exdiputado se habría apropiado de dineros destinados a la campaña presidencial de su padre en 2022.

Estos fondos presuntamente provinieron de personas como Samuel Santander Lopesierra, alias ‘Hombre Marlboro’, y Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.

Según la investigación, los recursos se usaron para gastos personales y la adquisición de bienes, como una vivienda en Puerto Colombia, que se intentó ocultar a través de terceros.

Para sustentar los cargos, la Procuraduría ha recaudado diversas pruebas, incluyendo testimonios, movimientos financieros y documentos notariales.

El organismo de control calificó la presunta falta como gravísima a título de dolo, destacando que Petro Burgos habría actuado con plena conciencia de la ilicitud de sus actos. Este proceso disciplinario es independiente del juicio penal que ya enfrenta en la Fiscalía por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por los mismos hechos. De ser hallado responsable en el juicio disciplinario, podría enfrentar una inhabilidad de hasta 20 años para ejercer cargos públicos.

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