
Tensión política entre el alcalde de Medellín y el presidente Petro por protestas



Una protesta pro-Palestina en Medellín el 7 de octubre, reprimida por contratistas civiles de la Alcaldía, ha provocado un enfrentamiento directo entre el alcalde Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro. La manifestación, que congregó a unas 250 personas, derivó en altercados cuando un grupo rodeó un restaurante McDonald's en El Poblado. La intervención de los llamados gestores de convivencia, contratistas de la Secretaría de Seguridad, quedó registrada en videos que muestran agresiones a manifestantes, incluyendo una patada en la cara a una persona en el suelo. El saldo de los enfrentamientos fue de diez heridos. La reacción del presidente Petro fue inmediata, calificando en sus redes sociales a los agresores como “milicias fascistas” y ordenando la disolución del grupo implicado, así como el inicio de una investigación penal.
Petro argumentó que las funciones policiales no pueden ser delegadas a civiles.
Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez defendió la actuación de sus contratistas, asegurando que protegían a los ciudadanos frente a actos vandálicos. Gutiérrez acusó al Gobierno Nacional de politizar los hechos y de intentar “incendiar el país” para desviar la atención de la “fallida ‘Paz Total’” y de escándalos de corrupción de sus aliados políticos, como el exalcalde Quintero. La tensión escaló cuando Gutiérrez denunció la convocatoria de nuevas marchas para el viernes siguiente, las cuales, según él, son manejadas por “colectivos violentos” del Gobierno Petro. Además, calificó de “encerrona” una citación del Ministerio del Interior a funcionarios de la Alcaldía en el Politécnico, lugar de encuentro de las protestas, por lo que prohibió su asistencia. El alcalde responsabilizó directamente al presidente y a sus funcionarios por cualquier desorden que pudiera ocurrir en la ciudad.
El incidente ha puesto en tela de juicio la figura de los gestores de convivencia. La Defensoría del Pueblo calificó su actuación como una “violación profunda de derechos humanos” y, junto a la Procuraduría y la Personería, ha iniciado investigaciones. En un contexto más amplio, la presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez, expuso en el Congreso de Estados Unidos la transformación de Medellín, pero también advirtió sobre nuevas formas de corrupción y abogó por la unión del sector privado y los gobernantes locales frente a la postura del gobierno nacional.
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