Crisis de Salud en Colombia: Entre Deudas Millonarias, Negación Gubernamental y el Colapso de la Atención

El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis sistémica evidenciada por la suspensión de servicios médicos debido a deudas millonarias de las EPS, mientras el Gobierno Nacional niega la escasez de medicamentos y se enfrenta a informes que revelan un aumento alarmante de tutelas por parte de los pacientes.

La atención en salud en Colombia enfrenta un deterioro crítico, manifestado en la suspensión de servicios por parte de centros hospitalarios a causa de las millonarias deudas acumuladas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Un caso representativo es el del Hospital Universitario de Caldas, que interrumpió la prestación de varios servicios no urgentes a los afiliados de Nueva EPS debido a una deuda que asciende a 83.400 millones de pesos. Situaciones similares afectan a otras entidades como Savia Salud en Antioquia, generando una crisis financiera en hospitales que dificulta el pago de nóminas, insumos y proveedores. Esta crisis financiera repercute directamente en los pacientes, quienes enfrentan barreras para acceder a tratamientos y medicamentos.

Un informe de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre un aumento en el número de acciones de tutela interpuestas por los ciudadanos para garantizar su derecho a la salud, así como un incremento en el gasto de bolsillo para cubrir servicios y fármacos. Según la defensora Iris Marín, los problemas de acceso afectan a todos los regímenes y se concentran especialmente en medicamentos de alto costo. En respuesta, el Ministerio de Salud ha negado la existencia de una crisis de medicamentos, asegurando que entre 2022 y 2024 se incrementó la entrega de fármacos de alto costo.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo atribuyó el aumento del gasto en salud a sobrecostos impuestos por monopolios farmacéuticos y cadenas privadas, no a fallas del Estado.

El Gobierno sostiene que está al día con los pagos al sistema y culpa a las EPS por los retrasos en la atención, argumentando que esta situación evidencia la necesidad de una reforma estructural que priorice al paciente y reduzca la dependencia del mercado privado. Sin embargo, voces críticas señalan que la intervención del Gobierno en varias EPS, como en el caso de la Nueva EPS, ha agravado la crisis, convirtiéndolas en focos de corrupción y malos manejos. La problemática general del sistema se atribuye a una combinación de factores, incluyendo un desequilibrio financiero donde la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no cubre los costos reales, una gestión administrativa deficiente y una supervisión ineficaz, lo que ha conducido a un desfinanciamiento generalizado del sector.