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Gobierno radica proyecto de ley para reformar el sector energético

El Gobierno Nacional ha presentado al Congreso un ambicioso proyecto de ley que busca transformar estructuralmente el sector energético de Colombia. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, tiene como objetivos principales la reducción de las tarifas eléctricas y la democratización de los entes reguladores.
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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó ante el Congreso el proyecto de ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, que busca modificar las leyes 142 y 143 de 1994.

La propuesta tiene como pilares la equidad, la sostenibilidad y la participación ciudadana, con el fin de reducir las tarifas, focalizar los subsidios y avanzar en la transición energética. Uno de los cambios más significativos es la reestructuración de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La reforma propone ampliar su composición para incluir, por primera vez, representantes de los usuarios, los sindicatos del sector energético y la academia, quienes serían elegidos por concurso público o designados por el presidente.

Esta medida ha generado debate, pues algunos expertos alegan que la entidad podría perder su perfil técnico e independencia.

Adicionalmente, se creará un Comité Consultivo Ciudadano de Participación (CCCP) como instancia de diálogo no vinculante para que los usuarios expresen sus opiniones sobre los proyectos regulatorios. En materia de tarifas y subsidios, el proyecto redefine los criterios para la entrega de ayudas, condicionándolas al consumo eficiente y garantizando protección a hogares vulnerables.

Además, establece que la deuda acumulada por la Opción Tarifaria durante la pandemia, contraída por los estratos 1, 2 y 3, será asumida solidariamente por los estratos 5 y 6, así como por usuarios no residenciales y no regulados.

Se prohíbe explícitamente la inclusión de cobros ajenos al servicio en las facturas de energía, y se otorga un plazo de un año a los entes territoriales para eliminar tributos basados en el consumo eléctrico. Otras disposiciones incluyen la creación de tarifas diferenciales para industrias verdes, la obligación para los estratos altos y autogeneradores a pequeña escala de contribuir al financiamiento de subsidios, y un aporte adicional de las generadoras hidroeléctricas para proyectos sociales en los territorios impactados. La CREG también quedará autorizada para diferenciar precios en el mercado mayorista según la fuente de energía.

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