El ministro de Trabajo Antonio Sanguino denuncia a congresistas por presuntamente socavar la soberanía nacional

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que interpondrá una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas. La acción judicial se basa en la presunta promoción de conductas que atentan contra la soberanía y la integridad territorial de Colombia.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que presentará una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra varios miembros del Congreso, entre los que se destacan el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como 'Jota Pe' Hernández, y la representante a la Cámara Lina María Garrido. La acusación se centra en que los legisladores habrían promovido conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial del país. Según Sanguino, las acciones de los congresistas exceden el derecho a la libertad de expresión y opinión política. El ministro argumenta que el llamado a una intervención extranjera y el respaldo a posibles 'invasores' podrían tipificarse como delitos de menoscabo de la integridad nacional (art.

455 del Código Penal) y participación en hostilidades contra la patria (art. 458 del Código Penal).

Sanguino enfatizó que la gravedad de estas conductas aumenta al provenir de servidores públicos que juraron defender la Constitución y el orden jurídico. El anuncio se produce en un contexto de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hiciera declaraciones contra el mandatario Gustavo Petro y no descartara una intervención militar en territorio colombiano. Para el jefe de la cartera de Trabajo, cualquier incitación a una agresión militar contra el presidente, quien simboliza la unidad nacional, representa una afrenta directa a la soberanía del pueblo colombiano, calificando estas posturas como una 'traición a la patria'. Con esta medida, el Gobierno endurece su respuesta institucional frente a los sectores de la oposición que, según el ministro, han aprovechado la crisis regional para avalar acciones de fuerza externas. La controversia se traslada así del debate político a los estrados judiciales, donde los congresistas implicados deberán responder por presuntamente violar los principios que rigen las relaciones internacionales de Colombia.