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Gobierno colombiano implementa nuevos impuestos y proyecta mayor gasto público para 2026

El año 2026 ha comenzado en Colombia con importantes ajustes fiscales y decisiones de gasto público que impactan directamente el bolsillo de los ciudadanos y el panorama económico del país.
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Colombia inició el año 2026 con un paquete de nuevos impuestos y ajustes tributarios implementados por el Gobierno Nacional a través de una emergencia económica. Esta medida busca cubrir un déficit fiscal cercano a los 16 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación, originado tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. Las decisiones han generado un amplio debate sobre su impacto en la economía y el costo de vida.

Entre los cambios más significativos se encuentran incrementos en impuestos que afectan directamente el consumo diario. Se aplicó el IVA del 19 % a licores, vinos y aperitivos, que anteriormente tenían tarifas distintas, y se aumentó el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco. Adicionalmente, se eliminó la exención de IVA para bienes importados de bajo valor adquiridos en plataformas de comercio electrónico y se consolidó el cobro de este impuesto para los juegos de suerte y azar operados por internet. En el ámbito patrimonial, se amplió la base del impuesto al patrimonio, reduciendo el umbral para su pago de 3.600 a 2.000 millones de pesos, lo que incorpora a miles de nuevos contribuyentes. El plazo para declarar este impuesto será entre el 12 y el 26 de mayo, con un primer pago del 50 % en esa fecha y el saldo restante hasta el 14 de septiembre. El sector financiero también enfrenta una mayor carga, con un aumento de la sobretasa de renta del 5 % al 15 %, elevando su tributación total al 50 %. En contraste con la búsqueda de mayores ingresos, el Ministerio de Salud y Protección Social ha proyectado la creación de 442 nuevos cargos, lo que representaría un aumento en su nómina de más de 59.000 millones de pesos para 2026. Esta iniciativa, que incrementaría en un 60 % los costos de personal de la cartera, ha sido cuestionada por ocurrir en medio de una crisis financiera y de prestación de servicios en el sistema de salud.

Mientras el Gobierno argumenta que es necesario para fortalecer la gestión, los críticos señalan que la prioridad debería ser garantizar la sostenibilidad del sector.

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