Conflicto en Colombia: La Trágica Realidad de 15 Menores Muertos en Operativos Militares

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que 15 menores de edad fallecieron en el marco de cuatro operaciones militares contra disidencias de las FARC, ejecutadas entre agosto y noviembre de 2025 en los departamentos de Amazonas, Arauca y Guaviare.

Según el informe presentado por Ariel Emilio Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los análisis forenses realizados a los cuerpos recibidos tras cuatro operativos militares permitieron establecer la muerte de 15 menores de edad. Las operaciones, dirigidas contra la estructura disidente de las FARC conocida como ‘Iván Mordisco’, se llevaron a cabo en los departamentos de Amazonas, Arauca y Guaviare entre el 24 de agosto y el 13 de noviembre de 2025. El detalle de los operativos revela la magnitud de la tragedia. El primer hecho ocurrió el 24 de agosto en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno (Guaviare), donde se confirmaron tres menores entre las víctimas. Un segundo operativo, el 1 de octubre en Puerto Santander (Amazonas), resultó en la muerte de cuatro menores. La operación más controversial tuvo lugar el 10 de noviembre en la vereda Itilla, Calamar (Guaviare), donde de los 20 cuerpos recibidos por la entidad, siete correspondían a menores. Finalmente, en una acción militar el 13 de noviembre en Puerto Rondón (Arauca), se identificó a una menor de edad entre los fallecidos.

Estas revelaciones han generado diversas reacciones.

El presidente Gustavo Petro había informado previamente sobre la muerte de al menos 12 menores, calificándolos como víctimas de reclutamiento forzado y anunció que denunciaría al grupo armado por violar el Estatuto de Roma.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo instó al mandatario a suspender los bombardeos que ponen en riesgo a niños y adolescentes.

En respuesta, el gobierno ha justificado las operaciones como necesarias por seguridad, afirmando que se realizan con inteligencia para minimizar pérdidas.

Además, la Justicia Penal Militar ha iniciado una indagación para determinar responsabilidades. Medicina Legal ha reafirmado su compromiso con la independencia técnica y la transparencia en sus procesos, asegurando que los análisis se realizan con los más altos estándares científicos para garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.

El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las problemáticas más graves en las zonas afectadas por el conflicto armado.