Colombia se blinda contra agresores sexuales y refuerza la atención a víctimas de violencia

Las autoridades colombianas han intensificado sus esfuerzos para proteger a los menores de la violencia sexual, implementando estrictos controles migratorios para impedir el ingreso de agresores extranjeros y fortaleciendo los programas de acompañamiento integral para las víctimas a nivel local.

A nivel nacional, Migración Colombia ha reforzado los controles fronterizos para proteger a la niñez.

Entre enero y septiembre de 2025, la entidad inadmitió a 2.674 ciudadanos extranjeros y ejecutó 227 expulsiones.

Gracias a la cooperación internacional y herramientas como Angel Watch, que monitorea a personas con antecedentes de delitos sexuales contra menores, se ha negado el ingreso a 46 extranjeros, en su mayoría estadounidenses. Un caso reciente ocurrió en el aeropuerto de Rionegro (Antioquia), donde se inadmitió a cinco ciudadanos de Estados Unidos por representar un alto riesgo para la seguridad. En total, las principales nacionalidades con inadmisiones en 2025 son Venezuela (616), Estados Unidos (346) y República Dominicana (266), siendo las causas más comunes la falta de documentación, no presentar visa o entregar información falsa. En el ámbito local, la situación en Medellín mantiene en alerta a las autoridades.

Durante 2025, se han reportado más de 300 casos de violencia contra la niñez, incluyendo 317 de violencia intrafamiliar. Específicamente sobre violencia sexual, la Alcaldía de Medellín ha atendido 88 casos, de los cuales 50 involucraron a menores de edad. A pesar de que las cifras muestran una reducción significativa en comparación con los 2.520 casos de violencia sexual hacia menores registrados en la misma fecha del año anterior, la problemática sigue siendo una preocupación.

Para hacer frente a este flagelo, el Distrito de Medellín ha intensificado el acompañamiento a las víctimas. La Secretaría de Paz y Derechos Humanos, en conjunto con el ICBF, ofrece un apoyo integral que incluye la activación de rutas de protección, asistencia judicial con abogados para la instauración de denuncias y acompañamiento psicológico tanto para los menores como para sus familias. Este trabajo es realizado por un equipo multidisciplinario que busca garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas y evitar nuevas vulneraciones.