Relevo en la cúpula fiscal y financiera: salida de Llinás desata nombramientos clave en DIAN y UIAF



Luis Eduardo Llinás dejó de ser el director encargado de la DIAN después de entre nueve y diez meses en el cargo, y también se oficializó su renuncia a la dirección de la UIAF, entidad a la que llegó en septiembre de 2022. Para sucederlo, el Gobierno designó a Carlos Emilio Betancourt, actual Viceministro General de Hacienda, como nuevo director encargado de la DIAN. Por su parte, Jorge Arturo Lemus Montañez, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), asumirá como encargado de la UIAF. La salida de Llinás de la DIAN se produce en un contexto de “incomodidades” con su gestión desde la Casa de Nariño. Una de las razones citadas es que durante su administración, la entidad dejó vencer deudas por más de 5 billones de pesos, lo que impidió que el Estado pudiera cobrar legalmente ese dinero. Llinás había asumido el cargo en enero de este año con la tarea de mejorar la eficiencia de la DIAN y lograr una meta de recaudo de 50 billones de pesos más que en 2024. Quien sea nombrado en propiedad será el cuarto director de la entidad durante el actual gobierno. El nuevo director encargado de la DIAN, Carlos Betancourt, es un economista con 36 años de experiencia en economía pública y análisis financiero. Además de su rol como viceministro, ha ocupado cargos como jefe de la Oficina de Estudios Económicos de la misma DIAN, superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y director en la Contraloría de Bogotá.
Aún no se ha confirmado si su nombramiento será temporal o si será ratificado en el cargo.
En la UIAF, el reemplazo de Llinás es Jorge Arturo Lemus, considerado un funcionario de la mayor confianza del presidente Gustavo Petro. Lemus, abogado de la Universidad La Gran Colombia, ha colaborado con el presidente desde su alcaldía en Bogotá. Su nombramiento se interpreta como una movida estratégica, dada la misión de la UIAF de rastrear las finanzas del crimen organizado y detectar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.
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