La amenaza silenciosa en la alacena: la ciencia confirma los graves riesgos de los alimentos ultraprocesados

Una serie de estudios científicos recientes, publicados en prestigiosas revistas como The Lancet, han encendido las alarmas a nivel mundial sobre los graves riesgos que los alimentos ultraprocesados representan para la salud humana, vinculándolos con un aumento en enfermedades crónicas y mortalidad prematura.

La evidencia científica más reciente ha consolidado una fuerte asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados (UPF) y una amplia gama de efectos adversos para la salud. Una revisión global que analizó datos de casi 10 millones de personas identificó 32 problemas de salud vinculados a estos productos, incluyendo un riesgo 50 % mayor de muerte por enfermedades cardiovasculares, un 48-53 % más de riesgo de ansiedad y un 12 % más de riesgo de diabetes tipo 2. Otros meta-análisis refuerzan estos hallazgos, mostrando que por cada 10 % de aumento en la ingesta de UPF, el riesgo de mortalidad general se incrementa en un 10 % y el de desarrollar diabetes tipo 2 en un 13 %. Además, se ha demostrado que estos alimentos pueden dañar prácticamente todos los sistemas de órganos, con estudios específicos que los relacionan con enfermedad de hígado graso no alcohólico, fibrosis hepática y cáncer de hígado. El consumo de estos productos está aumentando de forma acelerada a nivel global, desplazando las dietas tradicionales basadas en alimentos frescos. En las últimas décadas, el aporte calórico de los ultraprocesados ha pasado del 11 % al 32 % en España, mientras que en países como México y Brasil se ha duplicado. En naciones de altos ingresos como Estados Unidos y el Reino Unido, los UPF ya representan más de la mitad de la ingesta calórica total, una tendencia que los expertos califican como muy preocupante. Ante esta crisis de salud pública, un consenso de 43 expertos internacionales ha hecho un llamado urgente a la acción regulatoria, comparando la amenaza de los ultraprocesados con la del tabaco. Las propuestas incluyen la implementación de políticas públicas más estrictas, como etiquetados frontales con advertencias claras, impuestos para desincentivar su compra, restricciones a su comercialización en espacios públicos y campañas de educación nutricional. Los especialistas también denuncian que las grandes corporaciones alimentarias utilizan su poder económico y político para bloquear estas regulaciones y proteger sus ganancias, que rondan los 1,9 billones de dólares anuales.

Por ello, insisten en que se necesita una respuesta global coordinada y robusta para transformar el sistema alimentario y proteger la salud colectiva.