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El desafío de la seguridad en Colombia: entre la crisis interna y las soluciones regionales

Colombia enfrenta una compleja crisis de seguridad que se manifiesta en sus carreteras, ciudades y zonas rurales, generando un debate sobre la efectividad de las estrategias estatales y la necesidad de una mayor cooperación internacional y ciudadana.
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La seguridad en Colombia se ha convertido en un desafío multifacético que afecta la vida diaria de los ciudadanos y la estabilidad institucional. La percepción de inseguridad se agudiza con el control de las carreteras por parte de grupos ilegales, que a través de retenes y extorsiones limitan el derecho a la libre movilidad, impactando la economía y erosionando la confianza en el Estado. Este fenómeno se suma a la criminalidad urbana y la persistencia de la violencia en regiones como el Pacífico y el Catatumbo, manteniendo al país por encima del promedio de homicidios de América Latina, la región más violenta del mundo. Expertos señalan que uno de los principales problemas es el debilitamiento de la inteligencia estatal, considerado un “talón de Aquiles” que impide comprender y combatir eficazmente a los nuevos actores criminales, muchos de ellos sin una agenda política clara. A esto se suma el fracaso en la implementación de la política de “paz total”, cuyo diagnóstico fue acertado al buscar una negociación amplia, pero falló por un diseño institucional deficiente y por descuidar las herramientas que ofrecía el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc. Se critica también la falta de propuestas de seguridad coherentes por parte de los gobiernos progresistas.

Frente a este panorama, surgen diversas propuestas.

A nivel internacional, se subraya la necesidad de fortalecer la cooperación con países vecinos y socios estratégicos, como se busca en la Cumbre CELAC-UE, para enfrentar un crimen cada vez más transnacional con presencia de carteles mexicanos y economías ilícitas que cruzan fronteras. En el ámbito nacional, se promueven iniciativas como el Proyecto de Ley 161 de 2025, que busca crear frentes de seguridad ciudadana coordinados con la Policía para fomentar la corresponsabilidad en la prevención del delito. Asimismo, se destaca el éxito del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total (CCPT), que, mediante la contratación directa con las Juntas de Acción Comunal para la mejora de vías rurales, ha demostrado ser un modelo escalable y eficiente para construir la presencia del Estado y la confianza en los territorios más afectados por el conflicto.

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