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La transición energética en Colombia: avances, oportunidades y desafíos

Colombia avanza decididamente en su transición energética, un proceso impulsado tanto por políticas gubernamentales como por una notable inversión del sector privado. No obstante, esta transformación plantea desafíos cruciales para la competitividad de la industria nacional y la soberanía energética del país.
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El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha consolidado la transición energética como uno de sus ejes estratégicos, reafirmando su compromiso con un desarrollo sostenible. Como muestra de este avance, cerca del 14% de la matriz eléctrica nacional ya proviene de fuentes limpias. Para acelerar este proceso, se han invertido aproximadamente $131.231 millones en 87 proyectos en 13 departamentos, en alianza con actores clave como Ecopetrol y el Ministerio de Minas y Energía. Además, se promueven iniciativas como la conformación de comunidades energéticas para democratizar el acceso a la energía y fortalecer las capacidades locales.

Este impulso ha convertido a las energías limpias en un negocio de gran potencial, atrayendo una considerable inversión privada. Empresas como Atera, surgida de Celsia, ofrecen soluciones de eficiencia energética a la industria y planean invertir 500 millones de dólares hasta 2030, con un potencial de negocio que supera los 1.000 millones de dólares, respaldado por inversores como Brookfield. El atractivo del sector se fundamenta en los abundantes recursos naturales del país, la búsqueda de reducción de costos por parte de las industrias y una legislación que ofrece incentivos para proyectos renovables.

Sin embargo, este panorama no está exento de desafíos.

Centelsa by Nexans advierte que la transición no debe realizarse a costa de la industria local. Ante la proyección de una demanda de hasta 6.000 megavatios adicionales para 2027-2028, existe el riesgo de una creciente dependencia externa, evidenciada por el aumento del 135.2% en las importaciones desde China en la última década. Un punto crítico es la Ley 1715 de 2014 que, si bien promueve las renovables, genera desventajas competitivas para los fabricantes nacionales.

Por ello, se propone una modificación en el tratamiento del IVA para nivelar las condiciones, fortalecer la producción local y asegurar la soberanía energética del país.

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