Gobierno y gremios respaldan aporte temporal en facturas de energía para rescatar a Air-e y evitar un colapso del sistema eléctrico



El Ministerio de Minas y Energía ha propuesto un recaudo transitorio de ocho pesos por kilovatio-hora ($8/kWh) en las facturas de todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para mitigar una crisis en el sector eléctrico. El objetivo principal es sanear las deudas acumuladas por la empresa intervenida Air-e, que superan los $2,2 billones y amenazan la estabilidad de toda la cadena de pagos del mercado energético del país. La medida ha sido respaldada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que la considera un aporte mínimo para blindar la estabilidad del sistema.
Asimismo, expertos y gremios del sector han manifestado su apoyo.
El académico Camilo Prieto Valderrama calificó la iniciativa como un “puente financiero transitorio” de máximo seis meses, mientras que Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, la describió como una acción necesaria para detener el “desangre” financiero y prevenir un “efecto dominó” que afecte a generadores y transmisores. La Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) también respaldó la resolución, subrayando que la crisis en el Caribe es un riesgo para toda Colombia. Este cobro adicional representaría un impacto aproximado del 1 % en la factura de los usuarios. Los fondos recaudados serán gestionados por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y se distribuirán directamente entre los acreedores de Air-e. La propuesta surge como una alternativa de corto plazo ante la falta de trámite de otros proyectos de financiamiento en el Congreso. Durante el periodo de vigencia del aporte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá reglamentar un nuevo modelo de confiabilidad para el sistema. En medio de la crisis, la Superservicios informó que durante su intervención en Air-e se ha logrado una disminución de la tarifa superior al 25 % en el primer año y se ha negociado eficientemente la compra de energía para 2026, buscando proteger a los usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.












