
Desafíos en el sistema de salud colombiano



La interrupción de la atención médica se ha convertido en un problema crítico en varias zonas de Colombia. En Nariño, la Fundación Hospital San Pedro en Pasto suspendió los servicios para 235.311 afiliados de la Nueva EPS debido a la acumulación de deudas por parte de la entidad promotora de salud. De manera similar, los maestros y sus familias en los departamentos del Huila y Tolima se quedaron sin atención médica por más de 24 horas debido a diferencias administrativas y contractuales entre la prestadora Emcosalud y la Fiduprevisora S.A., administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Aunque en el caso de los docentes se logró un acuerdo temporal para reanudar los servicios, el magisterio, a través de voceros como los de ADEHUILA, cuestionó la improvisación y la falta de garantías del nuevo modelo de salud, exigiendo soluciones permanentes que no pongan en riesgo su bienestar. La situación en Nariño también generó una alerta sobre la sostenibilidad financiera de las instituciones hospitalarias y la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades para restablecer la atención a los afectados. La crisis financiera no es un hecho aislado.
El Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Guajira advirtió sobre el alto nivel de endeudamiento que enfrentan los hospitales en municipios como Manaure, Barrancas, Hatonuevo y Nazareth, lo que impacta directamente a los empleados y la calidad del servicio. En contraste, la ESE Hospital del Sur en Itagüí asegura que ha logrado garantizar una atención médica integral a pesar de la crisis generalizada del sistema.
Adicionalmente, el sector enfrenta cuestionamientos éticos.
La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) interpuso una denuncia penal por injuria agravada contra el periodista Carlos Hernández Osorio del medio VORÁGINE. La acción legal responde a dos investigaciones que revelaron presuntos conflictos de interés de los directivos de la SCP por su relación con la industria de productos ultraprocesados y leches de fórmula. VORÁGINE ha calificado la denuncia como un intento de censura y acoso judicial, sosteniéndose en la rigurosidad y veracidad de sus publicaciones.
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