Congreso frena reforma tributaria y desata crisis fiscal y política con el Gobierno Petro

El Congreso de la República archivó la reforma tributaria del Gobierno, generando un déficit de más de 16 billones de pesos para el presupuesto de 2026 y agudizando la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La Ley de Financiamiento impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro fue hundida en el Congreso, tras ser rechazada en la Comisión Cuarta del Senado con una votación de nueve en contra y cuatro a favor. La iniciativa buscaba recaudar aproximadamente 16,3 billones de pesos para cubrir un faltante en el Presupuesto General de la Nación de 2026, por lo que su archivo obliga al Ejecutivo a considerar recortes presupuestales significativos para dicho año. La oposición argumentó que la reforma era “nociva” y afectaría negativamente a las clases media y baja.

Entre los puntos más controvertidos se encontraban el impuesto al carbono, que según los congresistas incrementaría el precio de la gasolina, y el aumento de impuestos a licores y cigarrillos, medida que, advirtieron, podría desfinanciar a los departamentos y fomentar el contrabando. El senador Efraín Cepeda fue una de las voces que afirmó que el proyecto golpeaba a los sectores más vulnerables.

Tras la decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó enérgicamente, atribuyendo el hundimiento al “odio político por encima del interés nacional”. El mandatario aseguró que la reforma solo buscaba que una parte de las utilidades de los “megarricos” se devolviera a la nación y advirtió sobre “consecuencias imprevisibles” que comenzarían a sentirse de inmediato, enfatizando que mientras esté en el poder no permitirá que la crisis la paguen los pobres. Este revés legislativo agudiza la tensa relación entre la Casa de Nariño y el Capitolio. Ante el déficit fiscal, el Gobierno ha contemplado la posibilidad de decretar una emergencia económica, una medida que ha generado alertas en el Congreso y entre analistas. Legisladores de oposición y figuras como el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, han señalado que no existen las condiciones para un estado de excepción y que cualquier intento sería demandado ante la Corte Constitucional. Mientras tanto, la incertidumbre crece sobre la financiación de proyectos clave, como las obras de acueducto en Santa Marta, cuya viabilidad había sido vinculada a la aprobación de estos recursos.