El sistema pensional colombiano enfrenta incertidumbre por el alza del salario mínimo y la reforma del Gobierno

El sistema pensional en Colombia atraviesa un período de profundos cambios y alta incertidumbre, derivados tanto de decisiones regulatorias recientes como de la expectativa por el fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional del Gobierno.

El sistema pensional privado enfrenta un fuerte impacto debido a la combinación del histórico aumento del salario mínimo para 2026 y una modificación en el parámetro de deslizamiento para las rentas vitalicias. Según un análisis de Asofondos, estas dos decisiones regulatorias han encarecido el costo para pensionarse, reducido el valor de las mesadas y aplazado la jubilación para miles de afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). En concreto, el capital necesario para financiar una renta vitalicia de un salario mínimo aumentó un 57 %, pasando de aproximadamente 350 millones de pesos en 2025 a cerca de 550 millones en 2026.

Esto significa que más de 115.000 personas se ven directamente afectadas.

De este grupo, 12.400 afiliados que antes contaban con el capital suficiente ahora no alcanzan el nuevo umbral y deberán cotizar, en promedio, 4,6 años adicionales.

Además, alrededor de 72.600 pensionados bajo la modalidad de retiro programado enfrentan recalculaciones que podrían disminuir sus mesadas hasta en un 50 %.

El impacto también tiene consecuencias fiscales y sobre el aseguramiento.

Se estima que 3.600 personas adicionales ingresarán en 2026 al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), con un costo fiscal proyectado de 4,8 billones de pesos en los próximos 15 años. Asimismo, el costo del seguro previsional que cubre invalidez y sobrevivencia para 19 millones de afiliados se acerca peligrosamente al tope legal del 3 %, lo que genera un riesgo de desprotección.

Paralelamente, el sector está a la expectativa de la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional impulsada por el Gobierno. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha solicitado a la Corte que, en caso de declarar exequible la ley, se otorguen al menos tres meses para alistar el fondo de ahorro que administrará la entidad, pieza clave de la nueva estructura pensional.