
Debate por la política antidrogas del gobierno Petro



El gobierno del presidente Gustavo Petro ha implementado un cambio en la política antidrogas, confirmando la suspensión inmediata de la erradicación forzada de cultivos de coca, según anunció el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esta decisión se complementa con la negativa del Ministerio de Justicia a reanudar la aspersión con glifosato, citando preocupaciones de salud y derechos humanos, aunque el Ministerio de Defensa analiza el uso de productos orgánicos como alternativa. El presidente Petro ha defendido su nueva política, mientras que la canciller Yolanda Villavicencio ha calificado como desproporcionada la política antinarcóticos de Estados Unidos en la región. Esta medida ha generado una notable tensión diplomática, culminando en la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas. Como respuesta, el presidente Petro anunció que suspenderá la compra de armamento estadounidense y que viajará a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York para exponer los esfuerzos del país en esta materia, reafirmando que no se "arrodillará" ante Washington. En el ámbito nacional, la oposición ha reaccionado con dureza. La senadora María Fernanda Cabal acusó al gobierno de convertir a Colombia en un "narcoestado", respaldando su afirmación con cifras de la UNODC que indican más de 253.000 hectáreas de coca sembradas. Por su parte, el diputado del Tolima, Felipe Ferro, criticó la pérdida del respaldo internacional, advirtiendo que la falta de recursos afectará directamente a la población civil y la lucha contra el microtráfico. Ferro mencionó una cifra de alrededor de 300.000 hectáreas de coca en el país. Este debate se enmarca en el desafío de la "gobernanza criminal", donde grupos armados ilegales, financiados por economías como el narcotráfico, disputan la soberanía del Estado en territorios con escasa presencia institucional. Estas organizaciones imponen su propio orden y se fortalecen ante la debilidad del Estado para controlar la expansión de los cultivos ilícitos y otras actividades ilegales.
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