La crisis financiera y política en la UdeA

La Universidad de Antioquia atraviesa una doble crisis que compromete su estabilidad. Por un lado, enfrenta un déficit financiero que, según las directivas, requiere de 148.000 a 160.000 millones de pesos para finalizar el año 2025 y cubrir gastos de funcionamiento como la nómina de sus profesores. Este desbalance presupuestal no es nuevo y tiene una causa estructural en la Ley 30 de 1992, la cual establece que las transferencias del Estado se ajustan con base en el IPC, un indicador insuficiente frente al crecimiento real de los costos universitarios. Esta situación ha generado una deuda acumulada de 411.000 millones de pesos para la UdeA en los últimos 32 años. Para mitigar la crisis inmediata, el Consejo Superior aprobó un crédito por 54.000 millones de pesos y la venta de predios por 34.000 millones. A largo plazo, la esperanza está puesta en la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que ya superó dos debates en el Senado y busca que los recursos se ajusten según los costos de la educación superior. Adicionalmente, la institución debe reducir sus gastos de funcionamiento en un 11 % para el próximo año y fortalecer sus políticas de austeridad. En paralelo, la universidad vive una crisis política centrada en la figura del rector John Jairo Arboleda.

Su gestión recibió una baja calificación por parte del Consejo Superior Universitario, lo que generó peticiones de renuncia. La tensión escaló con la intervención del Ministerio de Educación, que reemplazó a su delegado en el Consejo por Daniel Torres Niño, un funcionario cuestionado, y designó una inspectora permanente para vigilar las decisiones administrativas y financieras. La rectoría ha calificado esta medida como una amenaza a la autonomía universitaria, generando un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de la institución y su directiva.