Freno judicial a la DIAN: La batalla de billones que pone en jaque el suministro de combustible en Colombia



El Juzgado Segundo de Familia de Cartagena ha emitido una medida cautelar que ordena a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abstenerse de ejecutar cualquier acción de cobro coactivo, como embargos o bloqueo de cuentas, contra la Refinería de Cartagena (Reficar). Esta decisión responde a una acción de tutela interpuesta por la filial de Ecopetrol para frenar un posible embargo por más de 1,3 billones de pesos, una medida que, según la compañía, paralizaría sus operaciones en un máximo de once días. La suspensión es de carácter transitorio, a la espera de que la Jurisdicción Contencioso Administrativa se pronuncie de fondo sobre la legalidad del cobro. La controversia se originó por un cambio de criterio de la DIAN, que ahora exige a Reficar el pago del 19 % de IVA por la importación de gasolina y diésel, aplicando esta medida de forma retroactiva para el período comprendido entre 2022 y 2024. La autoridad tributaria argumenta que, al operar bajo un régimen de zona franca, todo el combustible vendido por la refinería se considera una importación. Según los cálculos de la DIAN, la deuda total ascendería a 1,5 billones de pesos. Antes del fallo, la entidad se mantenía en su postura de que los importadores debían saldar dichos tributos. Por su parte, Reficar sostiene que el gravamen carece de sustento legal, ya que el Ministerio de Minas y Energía nunca estableció la base gravable requerida por el Estatuto Tributario para este impuesto. En su recurso de tutela, la empresa advirtió sobre el grave riesgo de un desabastecimiento de combustible a nivel nacional si el embargo se concretaba. La refinería es un activo estratégico para el país, pues produce 210.000 barriles diarios, abastece el 100 % de la demanda de la región Caribe y genera el 54 % del ACPM y combustible para aviones del país. Adicionalmente, el sindicato USO (Unión Sindical Obrera) calificó la acción de la DIAN como un “ataque” que pone en riesgo 4.600 empleos.










