La justicia de Estados Unidos redefine el Cartel de los Soles como una red de corrupción y no como una organización criminal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó su acusación contra Nicolás Maduro, reconociendo que el llamado “Cartel de los Soles” no es una organización criminal estructurada. Este cambio debilita la narrativa que justificó una intervención militar y abre un debate sobre su uso político en la región.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ajustado su estrategia legal en el caso contra Nicolás Maduro, tras su captura, al modificar la descripción del llamado “Cartel de los Soles”. En una acusación revisada, la fiscalía eliminó la mayoría de las referencias que presentaban a Maduro como el líder de una organización criminal estructurada, un argumento central en la ofensiva política y judicial de la administración Trump desde 2020. La nueva formulación describe el término no como un cartel jerárquico, sino como una “cultura de corrupción” y un “sistema de clientelismo” dentro del Estado venezolano. Según el texto, élites civiles y militares se enriquecen a través del narcotráfico y la protección a traficantes, en un esquema informalmente conocido como “Cartel de los Soles”. Esta visión coincide con la de expertos y organizaciones como InSight Crime, que durante años han sostenido que no se trata de una organización unificada, sino de redes difusas de funcionarios corruptos. El término se originó en la década de 1990 como una expresión periodística para referirse a generales venezolanos involucrados en narcotráfico, identificados por los soles en sus insignias. Pese a la redefinición, los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo contra Maduro se mantienen.

El cambio es visto como una medida pragmática de la fiscalía para centrarse en cargos con mayor probabilidad de ser probados en un tribunal, evitando tener que demostrar la existencia de una compleja estructura criminal. Para la defensa de Maduro, quien se declaró “no culpable” y “prisionero de guerra” ante un tribunal en Nueva York, este giro refuerza su argumento de que el caso tiene motivaciones políticas.

Este ajuste expone una brecha entre el discurso político que justificó la intervención y las sanciones, y los argumentos jurídicos actuales.

La narrativa del “narcoestado” liderado por un cartel fue utilizada para aislar a Venezuela y también en debates políticos en otros países de América Latina, como Colombia, para señalar a figuras de izquierda. Organismos como la ONU y WOLA han expresado su preocupación para que, además de los cargos de narcoterrorismo, no se olviden las violaciones de derechos humanos y la situación de los presos políticos en Venezuela.