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Debate jurídico por nombramiento de jueza en caso Uribe y otras decisiones judiciales

El sistema judicial colombiano se encuentra en el centro del debate público tras revelaciones sobre la idoneidad de la jueza que condenó al expresidente Álvaro Uribe, mientras otras decisiones de alto perfil generan discusión sobre la administración de justicia y la protección de figuras políticas.
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Una investigación del medio El Expediente ha desatado una intensa controversia en Colombia al revelar que la jueza Sandra Liliana Heredia, quien condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, habría reprobado en tres ocasiones el concurso de méritos para acceder a su cargo. La revelación provocó un debate entre juristas sobre la legalidad de su nombramiento en provisionalidad, la validez de sus fallos y el principio del juez natural. Varios expertos legales, como Martín Eduardo Botero y Luis Manuel Ramos Perdomo, sostienen que la situación es de máxima gravedad. Argumentan que la Constitución exige el mérito como única vía para acceder a la carrera judicial y que un nombramiento en provisionalidad, especialmente tras no superar las pruebas de idoneidad, carece de legitimidad y viola el debido proceso. Según esta perspectiva, la falta de competencia de origen podría ser causal de nulidad de la sentencia contra Uribe. Críticos como Wilson Ruiz, exministro de justicia, y Juan Carlos Moncada señalan que el uso extendido de la provisionalidad en la Rama Judicial es un problema estructural que debilita la independencia y la confianza en la justicia, haciéndola vulnerable a presiones externas.

Por otro lado, juristas como Iván Cancino y Sergio Clavijo Rangel ofrecen una visión distinta.

Si bien reconocen como un problema grave que un juez permanezca en el cargo tras reprobar los exámenes, afirman que mientras exista un acto administrativo de nombramiento vigente, sus decisiones judiciales están revestidas de presunción de legalidad y son plenamente válidas. Sostienen que no aprobar el concurso no inhabilita automáticamente a un juez en provisionalidad y que la responsabilidad recae en las fallas del sistema para proveer los cargos por mérito de manera oportuna. En paralelo, el Consejo de Estado admitió una demanda contra la creación de cargos transitorios para agilizar la apelación en el caso Uribe, argumentando que la medida sustrae a los magistrados de sus demás funciones de manera irregular. En otro ámbito judicial, un fallo de tutela en Bogotá ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer el esquema de seguridad completo del senador y candidato Jorge Enrique Robledo. La jueza determinó que la UNP vulneró sus derechos fundamentales al reducir su protección a pesar de persistir una evaluación de riesgo extraordinario. Robledo calificó la reducción inicial como una "represalia" del gobierno por sus críticas políticas.

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