Día clave en el juicio contra Nicolás Petro: Juez define las pruebas que marcarán el rumbo del proceso

El proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, entra en una fase decisiva con la audiencia preparatoria en la que se determinará el material probatorio para el juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Este martes 4 de noviembre se reanudó en Barranquilla una audiencia crucial en el proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico. La diligencia, programada también para el 5 de noviembre, está a cargo del juez Hugo Carbonó Ariza, del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, quien tiene la tarea de definir cuáles pruebas, presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa, serán admitidas para la etapa de juicio oral. Esta decisión es considerada determinante para el futuro del caso.

Petro Burgos enfrenta cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras ser señalado en 2023 de recibir más de 1.300 millones de pesos entre 2020 y 2022.

Según la Fiscalía, los fondos presuntamente provinieron de figuras como Samuel Santander Lopesierra, alias ‘El Hombre Marlboro’, y el contratista Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca. El ente acusador sostiene que existen evidencias de movimientos bancarios y transferencias sin justificación que incrementaron de manera irregular el patrimonio del procesado. Por su parte, la defensa de Nicolás Petro argumenta que el dinero corresponde a préstamos personales. Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría han solicitado excluir la mayoría de los elementos probatorios aportados por el abogado defensor, al considerarlos irrelevantes.

El material en debate incluye chats, videos y testimonios que podrían ser clave para esclarecer los hechos.

Además, la fiscal del caso, Lucy Laborde, solicitó una imputación adicional por peculado, falsedad en documento público y falso testimonio.

Se esperaba que Nicolás Petro asistiera a la audiencia de manera virtual desde Bogotá, argumentando problemas de seguridad y un bloqueo financiero derivado de su inclusión en la lista Clinton, lo que le impediría comprar tiquetes aéreos. No obstante, uno de los informes señala que el juez del caso había ordenado previamente la asistencia presencial de las partes a la diligencia en la capital del Atlántico.