La JEP llama a juicio a 22 exmilitares y civiles por 301 falsos positivos en Casanare

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha iniciado formalmente la etapa de juicio contra 22 exmiembros de las Fuerzas Militares y civiles, implicados en 301 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el departamento de Casanare.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió la competencia para enjuiciar a 22 comparecientes, quienes ya han aceptado su responsabilidad en 301 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como 'falsos positivos', ocurridas en Casanare entre 2005 y 2008.

Este paso marca el inicio de la fase de juicio, donde los magistrados de la justicia transicional analizarán si los reconocimientos y relatos de los implicados coinciden con las pruebas recopiladas.

Las víctimas fueron civiles asesinados o desaparecidos que posteriormente fueron reportados de manera irregular como muertes en combate.

El grupo de procesados incluye a 11 oficiales, seis suboficiales y un soldado retirados del Ejército Nacional, así como a un exdirector seccional del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y a dos civiles. Entre los acusados de más alto rango se encuentra el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien comandó la Brigada XVI del Ejército entre diciembre de 2005 y julio de 2007. Según la investigación, los implicados formaron parte de una estructura criminal dentro de dicha brigada que presentaba a civiles inocentes como bajas en combate para mostrar resultados operacionales ficticios.

Las víctimas eran engañadas por los dos civiles procesados, quienes actuaban como informantes falsos, para luego ser entregadas a unidades militares donde eran asesinadas.

Estos hechos han sido calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El proceso judicial, denominado 'juicio dialógico', permitirá una interacción directa entre los responsables y las víctimas.

Su objetivo es la imposición de sanciones restaurativas orientadas a la verdad, la reparación y la no repetición, además de restricciones de derechos y libertades para los implicados.