JEP revela plan criminal sistemático: Imputados tres generales por 'falsos positivos' en Meta

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 30 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos tres generales retirados, por su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas en el departamento del Meta entre 2002 y 2007.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP atribuyó a los militares la responsabilidad en 209 asesinatos presentados ilegítimamente como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”, 65 de los cuales estuvieron seguidos de desaparición forzada, además de una tentativa de homicidio. Entre los imputados se encuentran los brigadieres generales (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, y el mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán, antiguos comandantes de la Séptima Brigada.

Los otros 27 implicados pertenecían al Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (BIVAR) y al Gaula Rural Meta (GAMET).

Según la JEP, los generales fueron imputados como autores por omisión impropia, al haber incumplido sus deberes de proteger a la población y ejercer control sobre sus subordinados. La investigación determinó que desde sus posiciones de mando actuaron con permisividad, promovieron incentivos para la ejecución de estas muertes y crearon un ambiente de impunidad al no sancionar a los responsables. La magistratura calificó los hechos como parte de un “patrón macrocriminal nacional” impulsado por una política que medía el éxito militar por el número de bajas, generando una competencia entre unidades. La investigación reveló una alianza entre miembros del Ejército y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta colaboración facilitó la presentación de bajas falsas, que funcionaban como retribución a los militares por permitir a los paramilitares delinquir en actividades como el narcotráfico. Los testimonios de excomandantes paramilitares como Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', fueron claves para confirmar esta alianza.

La JEP también concluyó que hubo una falla sistémica de otras instituciones, como la Justicia Penal Militar, que no lograron esclarecer los hechos. Adicionalmente, se probó la participación de la Fuerza Aérea Colombiana en operaciones de apoyo aéreo, aunque no se encontraron evidencias de que sus miembros tuvieran conocimiento del plan criminal, por lo que se considera plausible que fueran manipulados por las unidades del Ejército para dar apariencia de legalidad a los crímenes.