Ciudades colombianas ajustan las tarifas del transporte público para 2026 en medio de debates y análisis técnicos



El área metropolitana de Bucaramanga ha sido escenario de un considerable debate tras el anuncio de un aumento del 16 % en las tarifas de taxi para 2026, fijando la carrera mínima en $9.100. La medida ha sido calificada como desproporcionada por críticos como el concejal Diego Lozada, quien señaló que este valor supera al de capitales como Bogotá ($7.500), Medellín ($7.400) y Cali ($7.100), ciudades que, además, cuentan con sistemas de transporte masivo consolidados. La controversia se agudiza por la crisis operativa que enfrenta el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea, que actualmente opera con buses alquilados. Lozada anunció que solicitará explicaciones al Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), argumentando que el incremento no fue concertado con todos los gremios.
Adicionalmente, se establecieron nuevas tarifas para el transporte colectivo, con un pasaje de $3.000 para rutas cortas y $3.600 para las largas. En contraste, la Secretaría de Tránsito de Montería ha iniciado mesas de trabajo con el gremio de transportadores para definir de manera técnica y concertada las tarifas del servicio de taxi y transporte público urbano para 2026.
El objetivo es garantizar la sostenibilidad del servicio y evitar cobros irregulares.
Las discusiones parten de las tarifas actuales: una mínima de $10.000 para taxis y un pasaje de $3.300 para el transporte urbano. La administración municipal ha enfatizado que cualquier modificación se basará en los resultados de un estudio técnico sobre la canasta de costos del sector, en el que se analizan factores como el precio de los combustibles, el mantenimiento y los costos operativos. La tendencia de ajuste tarifario también se observa en otras partes del país. En un municipio no especificado en los artículos, la administración se prepara para expedir un decreto que autorizaría un aumento de 200 pesos en el pasaje del transporte colectivo, situándolo en $2.800. Dicho decreto también contempla la posibilidad de un segundo ajuste durante el segundo semestre de 2026.
Esta medida ha generado rechazo entre algunos ciudadanos, quienes critican el mal estado de los vehículos.
Estos ajustes se dan en un contexto donde también avanzan proyectos de infraestructura para mejorar la movilidad a largo plazo, como la ampliación de TransMilenio en Soacha, cuya finalización se proyecta para junio de 2026.




















