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Cuba sufre nuevo apagón general: el quinto en menos de un año por fallas en el sistema eléctrico que afecta a 9,7 millones de habitantes
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El negocio eléctrico que financió 'falsos positivos' en Antioquia
Una investigación periodística revela cómo tres de las principales empresas eléctricas de Colombia financiaron, a través de convenios de cooperación, a batallones del Ejército responsables de cientos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, en el Oriente Antioqueño entre 2002 y 2008.
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Una investigación de Rutas del Conflicto estableció que las empresas energéticas ISAGEN, Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregaron más de 40 mil millones de pesos entre 2002 y 2008 a unidades militares del Oriente Antioqueño. Estos fondos, canalizados a través de convenios de cooperación para la protección de infraestructura eléctrica, beneficiaron a batallones de la IV Brigada, responsables del mayor número de ejecuciones extrajudiciales en el país durante ese periodo, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El caso de Luz Stelly Morales Arias, una joven de 16 años asesinada el 17 de septiembre de 2003 por miembros del Batallón Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), ilustra la brutalidad de estos crímenes.
Los militares, quienes confesaron ante la JEP, la presentaron falsamente como una guerrillera muerta en combate. El BAJES, el batallón con más víctimas de ‘falsos positivos’ en Colombia, tenía como misión principal custodiar la infraestructura de generación eléctrica de la zona, que provee el 30 % de la energía del país. A pesar de que las denuncias sobre estos asesinatos sistemáticos eran públicas en la región desde 2003, gracias a organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad, las empresas continuaron firmando los convenios. La investigación accedió a nueve de estos acuerdos, que coinciden con el periodo de mayor violencia.
Según la JEP, solo la IV Brigada asesinó a 1.177 personas entre 2002 y 2008.
Los militares implicados, para evitar reclamos, llegaron a desaparecer los cuerpos de las víctimas en cementerios lejanos, enterrándolos como personas no identificadas. Expertos señalan que estos convenios militarizaron los conflictos sociales en la región, estigmatizando a las comunidades campesinas. Al ser consultadas para la investigación, ISAGEN e ISA argumentaron que la información sobre los convenios era reservada. Por su parte, EPM negó haber suscrito dichos acuerdos con la IV Brigada, contradiciendo los documentos obtenidos por los periodistas. Adicionalmente, los reportajes señalan irregularidades en el uso de los fondos, que a menudo se convertían en una "caja menor" para los militares.
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