La voz silenciada: médica venezolana condenada a pena máxima por un mensaje de WhatsApp

Una médica venezolana de 65 años fue sentenciada a la pena máxima de 30 años de prisión por criticar al gobierno de Nicolás Maduro en un mensaje de voz enviado por WhatsApp, un caso que evidencia la severa criminalización de la disidencia en el país.

Marggie Orozco, una médica general de 65 años, fue condenada por un tribunal venezolano a 30 años de cárcel, la pena máxima en el país, por los delitos de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”. La sentencia, confirmada por organizaciones de derechos humanos, se originó por la difusión de un audio a través de WhatsApp en el que criticaba la gestión gubernamental. La detención de Orozco ocurrió en agosto de 2024 en San Juan de Colón, estado Táchira, en el contexto de la crisis postelectoral tras la reelección de Nicolás Maduro. Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, el proceso judicial comenzó después de que dirigentes comunitarios afines al chavismo la denunciaran. En el mensaje de voz, la médica cuestionaba la distribución de bombonas de gas doméstico en su comunidad e invitaba a los ciudadanos a participar en las elecciones del 28 de julio de 2024. Actualmente, Orozco se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Occidente, en Táchira. Su estado de salud es delicado; ha sufrido dos infartos en los últimos dos años, el más reciente en septiembre de 2024, ya estando privada de libertad. Además, padece de depresión crónica tras la pérdida de dos de sus hijos. Organizaciones humanitarias han calificado el caso como un ejemplo de cómo las expresiones privadas pueden ser criminalizadas en el clima político actual de Venezuela. El caso de Orozco se enmarca en un contexto de represión más amplio. Tras las protestas por los resultados electorales, se registraron más de 2.400 detenciones.

En ese periodo, Maduro instó a sus simpatizantes a denunciar a opositores, a quienes el chavismo se refiere como “fascistas”, mediante una aplicación estatal.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 882 presos por motivos políticos.