El gobierno venezolano atribuyó los disparos en Caracas a una operación disuasiva contra drones no autorizados

La noche del lunes 5 de enero, ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas generaron tensión e incertidumbre. Las autoridades venezolanas aclararon posteriormente que la situación fue una respuesta de seguridad ante el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas.

Alrededor de las 8:00 p. m. (hora local) del lunes 5 de enero, se registraron ráfagas de disparos en el centro de Caracas, cerca de sedes del poder Ejecutivo como el Palacio de Miraflores y el Palacio Blanco. El incidente causó alarma entre los habitantes, quienes reportaron las detonaciones en redes sociales, provocando el cierre de comercios y que las personas buscaran refugio. Testigos describieron haber visto luces en el cielo y un aumento en la presencia de motorizados y patrullas policiales en la zona.

Horas después, fuentes gubernamentales y un comunicado oficial del Gobierno Encargado, liderado por Delcy Rodríguez, explicaron que los disparos fueron una “operación disuasiva”.

La acción se activó tras detectar el sobrevuelo de drones no autorizados en el perímetro de seguridad del palacio presidencial, una zona de exclusión aérea. Según la versión oficial, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana o de la policía realizaron los disparos para obligar el retiro de los dispositivos, y se descartó que se tratara de un enfrentamiento armado. Las autoridades aseguraron que no se reportaron heridos, víctimas ni daños materiales, y que la situación fue controlada sobre las 9:00 p. m.

A pesar de la versión oficial, una fuente no oficial sugirió que el incidente pudo deberse a una falta de coordinación interna, en la que el personal de seguridad en tierra habría disparado contra drones de vigilancia propios al no ser informados de su despliegue. Las autoridades no han precisado el origen ni la cantidad de las aeronaves involucradas. Este suceso ocurrió en un contexto de alta tensión política, pocas horas después de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense el sábado anterior. Este escenario ha elevado las medidas de seguridad en las sedes gubernamentales, llevando a que cualquier movimiento no autorizado sea interpretado como una amenaza potencial, en medio del nerviosismo de los cuerpos de seguridad del Estado.