Incendios forestales consumen miles de hectáreas en la Patagonia argentina en medio de un debate sobre políticas ambientales

Una severa ola de incendios forestales afecta a la Patagonia argentina desde principios de enero de 2026, devastando miles de hectáreas de bosques nativos y campos productivos. La emergencia ha puesto de relieve no solo los desafíos climáticos, sino también las políticas ambientales del gobierno actual.

Desde comienzos de enero de 2026, una serie de incendios forestales ha consumido más de 15.000 hectáreas en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz, en la Patagonia argentina, convirtiéndose en una de las emergencias naturales más graves de las últimas tres décadas en la región. El foco principal, ubicado en Chubut, ya ha arrasado con casi 12.000 hectáreas.

Las condiciones climáticas adversas, como una sequía prolongada, altas temperaturas y fuertes vientos, han facilitado la rápida propagación del fuego, que ha destruido viviendas y obligado a la evacuación de residentes y más de 3.000 turistas. Más de 500 personas, entre brigadistas, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad, trabajan para contener las llamas. Aunque las autoridades han logrado controlar 22 de los 32 focos reportados, el riesgo persiste. Las investigaciones preliminares sugieren que algunos incendios podrían haber sido intencionales, tras el hallazgo de acelerantes en uno de los focos. La catástrofe ha causado graves daños a ecosistemas, parques nacionales y la fauna local, además de liberar grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno de Chile ha ofrecido su colaboración. Esta emergencia ocurre en un contexto de debate sobre las políticas ambientales del gobierno de Javier Milei, quien ha cuestionado públicamente el cambio climático de origen humano, calificándolo como una "mentira socialista". Su administración ha priorizado la economía y proyectos extractivos, impulsando reformas para flexibilizar normas ambientales, como la Ley de Glaciares, y reduciendo el Ministerio de Ambiente a una subsecretaría. Organizaciones de derechos humanos también recuerdan que en 2025 el gobierno estigmatizó al pueblo mapuche al vincularlo con incendios, una acción que fue vista como un intento de desviar la responsabilidad estatal en la prevención de estos desastres.