Fiscalía imputa a exdirector del AMVA Juan David Palacio por corrupción en contratos con bomberos de Itagüí

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio, señalándolo como pieza clave en un presunto esquema de corrupción. La investigación se centra en contratos irregulares que superan los 18.600 millones de pesos.

El exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio, fue formalmente imputado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de un esquema de corrupción que operó entre 2020 y 2023. La investigación se centra en la firma de seis contratos directos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor total superior a los 18.600 millones de pesos, que habrían generado un detrimento patrimonial cercano a los 2.481 millones de pesos. Según el ente acusador, Palacio habría permitido y facilitado la adjudicación de estos contratos sin los estudios técnicos y de mercado que exige la ley, omitiendo su deber de control y vigilancia. La Fiscalía sostiene que, sin la autorización del entonces director, esta política de contratación irregular no habría podido sostenerse en el tiempo.

Las irregularidades incluyen sobrecostos, servicios no ejecutados y el uso de facturas falsas para justificar los desembolsos. La imputación detalla que el exdirector no solo avaló los procesos, sino que también autorizó vigencias futuras para garantizar la continuidad del esquema contractual en los años 2022 y 2023. Una de las acusaciones más graves indica que, al finalizar su gestión, Palacio habría ordenado el formateo de varios equipos de cómputo de la entidad para eliminar rastros digitales de los procesos contractuales y así dificultar la investigación de las autoridades. Junto a Palacio, también fueron imputadas las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana María Montoya, así como el excontador de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona.

Los delitos atribuidos al grupo incluyen interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad documental. La Fiscalía anunció que solicitará penas que podrían superar los 30 años de prisión y pedirá medida de aseguramiento para los implicados mientras avanza el proceso judicial.