Indignación y nuevas leyes: Colombia enfrenta el maltrato animal con mayor severidad



La sociedad colombiana ha expresado su repudio ante dos hechos de crueldad animal.
En San Gil, Santander, un caballo murió presuntamente por agotamiento durante una cabalgata festiva el 1 de noviembre. El suceso provocó una fuerte reacción ciudadana y de organizaciones animalistas, que exigen un castigo ejemplar para los responsables. Este incidente se suma a otros casos similares ocurridos en el departamento, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de establecer protocolos más estrictos de bienestar animal en eventos masivos. Se ha hecho un llamado a la Fiscalía para que investigue y judicialice a los implicados, y a las autoridades municipales para que refuercen los controles y la presencia de veterinarios en estas actividades. Paralelamente, en el barrio Trinidad de Cali, la Fiscalía imputó a Eduardo Rodríguez Madriñán por el delito de maltrato animal. Tras denuncias de vecinos, las autoridades inspeccionaron su vivienda el 26 de marzo de 2024 y encontraron a 14 perros en condiciones deplorables: hacinados, enjaulados y desnutridos. Uno de los caninos había muerto y, según los reportes, los sobrevivientes se estaban comiendo sus restos debido a la falta de alimento.
Del resto, diez se encontraban en malas condiciones de higiene y tres presentaban un estado esquelético.
Los animales fueron rescatados y puestos a disposición de profesionales para su rehabilitación.
El imputado no aceptó los cargos presentados por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma). Estos casos ocurren en un momento en que el país ha fortalecido su legislación contra la violencia hacia los animales con la sanción de dos nuevas leyes.
La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) endurece las penas por maltrato, aumentando las sentencias de prisión a más de tres años y elevando las multas a entre 30 y 60 salarios mínimos.
Además, introduce nuevos agravantes como la violencia vicaria.
Por su parte, la Ley Lorenzo (Ley 2454 de 2025) se enfoca en proteger a los caninos utilizados en labores de vigilancia, reduciendo su edad máxima de servicio y exigiendo mejores condiciones de salud, descanso y alojamiento bajo la supervisión de la Supervigilancia.
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