
Avances y desafíos en la protección animal en Colombia



En los últimos años, Colombia ha fortalecido su marco legal y sus políticas públicas para garantizar el bienestar animal.
Recientemente, se han aprobado reformas que endurecen las sanciones penales y económicas contra el maltrato, con penas de prisión que van desde los 12 hasta los 36 meses y multas significativas. Un avance clave es la "Ley Ángel" (Ley 2455 de 2025), que eleva las condenas hasta 56 meses de cárcel si el acto de crueldad causa la muerte del animal. En un hito histórico, el Congreso también aprobó la prohibición de las corridas de toros a partir del 22 de julio de 2027, una medida ratificada por la Corte Constitucional al considerar estas prácticas como maltrato animal. Otras actividades como el coleo y las peleas de gallos también están bajo revisión.
Paralelamente a las reformas legales, se implementan programas de bienestar en varias regiones.
Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Pasto adelantan jornadas de esterilización masiva y gratuita para perros y gatos, buscando controlar la sobrepoblación, prevenir enfermedades y reducir el abandono. En el Tolima, la Gobernación, en conjunto con la Universidad del Tolima y la Universidad Cooperativa de Colombia, ofrece atención a animales vulnerables a través de un hospital veterinario para casos críticos y una Unidad Móvil Veterinaria. Esta última recorre los 47 municipios del departamento realizando campañas programadas de esterilización, desparasitación y atención básica, aunque no funciona como un servicio de emergencias. A pesar de estos avances, la aplicación efectiva de la justicia sigue siendo un reto. Un caso en Bucaramanga generó indignación cuando Alexánder Parra Carrillo, sentenciado a 24 meses de prisión por asfixiar a un gato, fue puesto en libertad bajo suspensión condicional de la pena. El hecho, ocurrido bajo la vigencia de la "Ley Ángel", fue criticado por colectivos animalistas, quienes calificaron al condenado como un "maltratador serial" y advirtieron que la decisión envía un mensaje equivocado a la sociedad. Este caso evidencia que, aunque las leyes son más estrictas, existen vacíos que pueden limitar el rigor de las sanciones y debilitar la credibilidad del sistema judicial en la lucha contra la crueldad animal.
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