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Polémica académica y judicial de Juliana Guerrero

La carrera de la joven funcionaria Juliana Guerrero se encuentra en el centro de una controversia nacional, luego de que la Presidencia de la República eliminara su hoja de vida de su portal web en medio de la anulación de su título profesional y múltiples investigaciones judiciales en su contra.
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La controversia principal gira en torno al título de contadora pública de Juliana Guerrero, otorgado por la Fundación Universitaria San José. La institución anunció el inicio del proceso de anulación del diploma debido a que Guerrero no cumplió con el requisito legal de presentar las pruebas de Estado Saber Pro. Como consecuencia, la Presidencia retiró su hoja de vida del portal de aspirantes, pausando su nombramiento como viceministra de Juventud.

Guerrero ha declarado que el error fue de la universidad, que no le anularán el título definitivamente y que presentará los exámenes para "saldar ese requisito". El caso ya provocó la destitución del secretario general de la fundación y una investigación del Ministerio de Educación. Además de la polémica académica, Guerrero enfrenta varios procesos judiciales. La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación en Santander por un contrato con la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde presuntamente no cumplía con el perfil exigido y por el cual no hay evidencia clara del trabajo realizado. Otro proceso en Bogotá investiga un presunto peculado por uso, derivado de denuncias sobre el uso de aeronaves de la Policía y el Ejército para viajes personales junto a sus familiares. A esto se suma una denuncia por falsedad en documento público relacionada con la obtención de su título. Con 22 o 23 años, Guerrero tuvo un rápido ascenso en el Gobierno, ocupando cargos en el DAPRE y el Ministerio del Interior, donde se desempeñaba como jefa de gabinete. Su postulación al viceministerio generó cuestionamientos desde el principio por su falta de título profesional en ese momento.

La eliminación de su perfil del portal de Presidencia es interpretada como una estrategia del Ejecutivo para gestionar la crisis y distanciarse del escándalo. El caso ha suscitado un debate sobre la meritocracia y la rigurosidad en los nombramientos de altos cargos, con críticos señalando que se premia la cercanía al poder por encima del mérito. El presidente Gustavo Petro la ha defendido, mientras que otros sectores critican lo que consideran un intento de legitimar "atajos".

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