Entes de control investigan irregularidades fiscales y contractuales en Nariño y Segovia



En el departamento de Nariño, la Contraloría General de la República determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por un valor de $2.015 millones durante una auditoría al Plan Departamental de Agua. La irregularidad se originó en el Contrato de Obra LP-001-2018, destinado a la construcción de un acueducto interveredal en el municipio de San Bernardo. Según el ente de control, la auditoría reveló graves deficiencias en las fases de planeación, ejecución contractual y supervisión técnica del proyecto, lo que comprometió los recursos públicos invertidos. Por otro lado, en el municipio de Segovia, Antioquia, la Procuraduría General de la Nación adelanta una indagación preliminar por posibles anomalías en contratos que superan los $17.750 millones. La investigación se centra en la contratación recurrente de una misma firma de abogados por parte de la Alcaldía desde el año 2021 para servicios de asesoría jurídica, representación judicial y manejo de obligaciones tributarias. El año 2025 es objeto de especial atención, ya que se suscribieron seis contratos por más de $6.800 millones, varios de los cuales tuvieron adiciones presupuestales. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío ha ordenado la práctica de pruebas para establecer la legalidad de estos procesos contractuales, identificar a los posibles responsables y determinar si las conductas constituyen faltas disciplinarias. El organismo de control aclaró que la investigación se encuentra en una etapa inicial y aún no se han formulado cargos, mientras se evalúa si la administración municipal actuó conforme a los principios de transparencia, planeación y eficiencia. En un hecho relacionado con la supervisión institucional, la Universidad San José informó que radicó ante la Fiscalía General de la Nación los resultados preliminares de una auditoría interna, como parte de un proceso de revisión de sus propios procedimientos y actuaciones.

















