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Propuesta de reanudar fumigación aérea con glifosato genera debate en Colombia

En un sorpresivo giro a su política antidrogas, el presidente Gustavo Petro ha propuesto reactivar la fumigación aérea con glifosato en zonas donde la población civil ataque a la Fuerza Pública. La medida, anunciada tras el secuestro de 45 militares en el Cauca, ha desatado un intenso debate nacional sobre su justificación, implicaciones y coherencia.
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El presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de reanudar la aspersión aérea con glifosato, suspendida por la Corte Constitucional desde 2015, como respuesta a los ataques contra el Ejército. El detonante fue el secuestro de 45 militares en El Tambo, Cauca, un hecho que el mandatario atribuyó a “tácticas mafiosas” de grupos armados que utilizan a la población civil como escudo. A través de su cuenta de X, Petro advirtió: “Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, e instó a la Corte a reconsiderar su sentencia que prohíbe esta práctica por sus riesgos para la salud y el medioambiente. La propuesta fue respaldada por miembros del gabinete.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, la justificó como una solución para contrarrestar a las organizaciones criminales que obligan a los civiles a cercar a las tropas. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que la tecnología ha avanzado y que se podrían emplear drones para una fumigación más focalizada y con menor impacto ambiental, aunque reiteró que la prioridad del Gobierno sigue siendo la transformación de economías ilegales.

Este anuncio marca un cambio radical en la postura del presidente, quien durante su campaña y en meses anteriores había rechazado contundentemente el uso del glifosato.

La iniciativa ha generado un amplio rechazo.

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, cuestionó que los ataques a la Fuerza Pública sean una justificación suficiente, argumentando que el debate debería centrarse en el daño que el narcotráfico causa al país.

Organizaciones sociales y ambientales también expresaron su preocupación por los impactos negativos sobre las comunidades y los ecosistemas.

Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, alertó sobre el deterioro de la situación humanitaria en 2025, con aumentos significativos en desplazamiento forzado y secuestros, mientras que la Defensoría del Pueblo pidió un proceso de paz más inclusivo. Desde el ámbito político, la propuesta ha sido calificada de contradictoria e hipócrita. Opositores y figuras de gobiernos anteriores, como el de Iván Duque, recordaron que Petro tildó de “asesino” a quien proponía la fumigación en el pasado. Algunos críticos sugieren que el cambio de postura podría ser una medida desesperada ante la posible descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, dado el histórico aumento de los cultivos de coca.

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