Oro Soberano: Gobierno lanza compra directa para combatir mafias y aprovechar precios récord



Por orden directa del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Minas y Energía implementará a partir de noviembre un programa para comprar oro directamente en las regiones productoras del país. La iniciativa tiene como objetivos centrales formalizar a los mineros de pequeña escala, combatir las mafias que controlan gran parte del mercado y aumentar los ingresos fiscales aprovechando los precios históricamente altos del metal precioso. Según el ministro de Minas, Edwin Palma Egea, esta medida responde a la problemática de que el 80 % de las 70 toneladas de oro que se comercializan anualmente en Colombia, valoradas en más de 4.000 millones de dólares, provienen de explotaciones informales o ilegales. Esta situación genera pérdidas en regalías que ascienden a aproximadamente 5 billones de pesos al año.
El presidente Petro fue enfático en su directriz: “O se legalizan o salen”, refiriéndose a los grupos ilegales.
Para la ejecución del plan, se articularán varias entidades estatales, incluyendo los Ministerios de Minas y Hacienda, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la DIAN y la Agencia Nacional de Minería (ANM). Una de las primeras acciones será poner las empresas auríferas en proceso de extinción de dominio, administradas por la SAE, al servicio de cooperativas y asociaciones de pequeños mineros. Se estima que la política beneficiará inicialmente a 7.400 mineros organizados, con el objetivo de extenderla a unos 350.000 mineros informales y de subsistencia. La decisión se produce en un contexto de precios internacionales del oro que han superado los 4.300 dólares por onza, aunque han registrado una leve baja reciente. El presidente Petro también criticó al Banco de la República por haber vendido las reservas de oro del país en el pasado y no estar comprando actualmente en las regiones, calificándolo como un “gran descalabro financiero”. Aunque el Congreso no aprobó la creación de la empresa estatal Ecominerales, el Gobierno avanza con esta estrategia para redefinir su relación con el sector minero.
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