Iniciativas de conservación y lucha contra delitos ambientales en Colombia

Diferentes regiones de Colombia son escenario de importantes iniciativas para la conservación de ecosistemas estratégicos y la lucha contra el tráfico de fauna, destacando la articulación entre el sector privado, el Estado y las comunidades locales.

En Antioquia, se puso en marcha el primer proyecto en Colombia que combina la modalidad de Obras por Impuestos con un esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). La iniciativa, liderada por Sumicol y Alión del Grupo Corona en alianza con Cornare, beneficiará a 33 familias de los municipios de Sonsón y San Francisco. Con una inversión de $4.709 millones a tres años, se busca conservar el complejo de Páramos de Sonsón, compensando 126,54 hectáreas y estableciendo acuerdos de conservación en 583,10 hectáreas adicionales para proteger fuentes hídricas y especies como el frailejón y el puma concolor. El proyecto fue aprobado por el Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio. Paralelamente, en el departamento de Caquetá, más de 4.000 familias campesinas y 40 organizaciones comunitarias participan en un proyecto de restauración de 12.000 hectáreas de bosques, con una inversión de 100.000 millones de pesos. Esta estrategia, impulsada por el Ministerio de Ambiente y el Instituto Sinchi, busca fortalecer la conexión Andino-Amazónica y construir economías sostenibles. El programa incluye la formación de 200 extensionistas rurales y reconoce económicamente a las familias por su labor en la recuperación de los territorios, convirtiendo a la región en un referente de articulación comunitaria y estatal para la adaptación al cambio climático. En el ámbito de la lucha contra los delitos ambientales, la Policía Nacional capturó en Cartagena a un ciudadano chino en posesión de 26 aletas de tiburón, valoradas en 90 millones de pesos. La mercancía, proveniente de La Guajira, fue interceptada en un restaurante de comida asiática.

Las autoridades destacaron que este hecho representa un grave daño ambiental ya consumado, con el sacrificio de al menos ocho tiburones.

El establecimiento comercial fue suspendido temporalmente y se adelantan investigaciones para desarticular la red de tráfico de fauna que opera entre La Guajira y Cartagena.